Hoy se cumplen 11 años de la represión en la Comunidad Qom “Potae Napocna Navogoh”, La Primavera, Formosa y “los Qom siguen clamando por justicia”. Aquel 23 de noviembre de 2010 la policía formoseña reprimió un corte de la ruta 86, km 1341, que durante 4 meses reclamaban por la expropiación de sus tierras por parte de la Universidad Nacional de Formosa (609 has) y la familia Celía. Esta represión marcó un patrón de asedio político provincial y de impunidad, en el que cada año el Estado mismo deja su impronta totalitaria.
“Es un día muy importante por lo que sufrimos aquel 23 de noviembre de 2010 y aún seguimos mendigando justicia, mendigando diálogo con el Estado que tiene una deuda y no se quiere hacer cargo de nosotros”, plantea Diaz.
Respecto de la prórroga de la Ley 26160 de Emergencia Territorial Indígena que suspende los desalojos hasta el 2025, mientras se regulariza la propiedad comunitaria y la entrega de los títulos territoriales. Opina Díaz que “en un principio no estaba de acuerdo ya que no debería ser una ley de emergencia sino una ley definitiva que garantice la ocupación de tierras, sin embargo, tuvimos que adherir para que mínimamente se proteja a las comunidades en conflicto ya que hay varias resoluciones de desalojo en el país”. Y cita el art. 2 de la Ley 26160 que durante la emergencia declarada el Estado prohíbe cualquier acto procesal o administrativo cuyo objeto sea el desalojo de una familia indígena.
Frente al Congreso habría otro acampe de indígenas defendiendo la ley 26160 que dice reconocer Díaz como “afines al peronismo o kirchnerismo” y relata que “estando vigente la ley desde 2006 hasta la actualidad 2021 hemos sido desalojados en el 2010 en La Primavera por el gobierno peronista de Gildo Insfrán que nunca respetó la vigencia de ley y que él mismo creó por ser del peronismo”.
Otro de los puntos a resaltar que “desde el mismo Estado se estimula la división de los pueblos originarios para que no haya unión, no nos organicemos o coordinemos los reclamos en conjunto con el fin de mantenernos entretenidos discutiendo entre nosotros de cosas sin sentido, mientras tanto la injusticia la padecemos todos los pueblos indígenas, las comunidades pierden sus beneficios y no viven tranquilas ni seguras”.
La injerencia de los partidos políticos dentro del interior de las comunidades indígenas trae consecuencias. “Algunos pueblos indígenas fanáticos del peronismo son respaldados políticamente desde lo municipal, provincial o nacional y logran tener más fuerza o más recursos”, advierte Díaz, desvirtuando la lucha por los derechos indígenas.
Por Alejandra Passarelli
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