El pedido de informe consta de dos partes, por un lado se busca dilucidar las causas y consecuencias del derrame ocasionado por una falla en el sistema de oleoductos de la compañía Oldelval en Río Negro que se propagó por unos 20.000 metros cuadrados de zona afectada, siendo el más grave en la provincia al menos en los últimos 10 años. Por otro lado, se pretende conocer el funcionamiento e inversiones de la empresa responsable del derrame dado que se investigan dos posibles factores: la antigüedad de la infraestructura y la cantidad de crudo que circula.
En este sentido la Diputada García opinó: “Lo que pasó es una verdadera catástrofe ambiental. El daño debe ser determinado cuantitativa y cualitativamente lo antes posible. A priori el estado de la infraestructura nos indica que hemos tenido mucha suerte de que las consecuencias para el ambiente no sean aún mayores”
Por su parte, la Diputada Latorre expresó: “Creemos necesario se informe sobre el funcionamiento del sistema concesionado a Oldelval ya que el mismo se encuentra en el centro de las críticas. El salto en la producción de Vaca Muerta puso al límite su capacidad de transporte y desde algunas empresas aseguraron que hubo días en que no pudieron inyectar todo el petróleo que esperaban”.
Y agregó: “No es menor que el accionista mayoritario de la empresa sea YPF, empresa en la que a su vez el socio mayoritario es el Estado argentino. Una situación que viene a sumarse a la crítica situación operativa y financiera de la principal empresa productora y refinadora del sector. Es evidente que hay una confusión de roles en un escenario donde la Autoridad de aplicación energética y ambiental no cumplen los relevamientos y controles; y la empresa que debería mantenerse fuera del diseño de las políticas energéticas toma las decisiones que le competen a la Administración” afirmó Latorre.
Sobre este tema, la legisladora por Santa Fe concluyó: “Debemos tomar medidas urgentes. No solo queremos conocer la totalidad de las inversiones, sino también los controles realizados en los últimos años, para poder evaluar las proyecciones de esta actividad a futuro. Asimismo es importante conocer si esta empresa y otras del sector están cumpliendo con la garantía financiera que le exige la Ley Nacional de Ambiente ya que los daños deben repararse a la brevedad”.
El Proyecto de Ley “Plan Nacional de Infraestructuras Críticas de la Energía” también presentado por las legisladoras, va en sintonía con el pedido de informe y busca precisamente evitar que estos incidentes tengan lugar y que los riesgos ante los potenciales desastres que tales hechos pudieran ocasionar, puedan mitigarse con mejores y más estrictas regulaciones en la materia.
Quedan comprendidas dentro de las infraestructuras críticas del sector energético, las correspondientes a los subsectores de electricidad (infraestructuras e instalaciones de generación, transporte y distribución del suministro eléctrico), del petróleo (producción, refinado, tratamiento, almacenamiento y distribución por oleoductos) y gas (producción, refinado, tratamiento, almacenamiento y transporte por gasoductos).
A los fines de su ejecución, la ley crea una Comisión Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas en Energía, define los criterios básicos para que cada provincia junto a la comisión trabajen en la identificación de las mismas y se incorporen al Plan Nacional.
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