La presidenta provisional del Senado, Claudia Abdala de Zamora convocó a realizar una reunión de Labor Parlamentaria mañana en un movimiento inédito: por primera vez en más de tres años, abre la discusión del temario para consensuar con los bloques de la oposición -que habían avanzado en llamar a una sesión especial por separado- y lograr sesionar esta semana.
La reunión parlamentaria se llevará a cabo en el Salón Gris de la Cámara alta que por estos días está encabezada por la senadora santiagueña, Claudia Abdala de Zamora, ya que la vicepresidenta Cristina Kirchner está al frente de la Presidencia por el viaje de Alberto Fernández a los Estados Unidos.
En los últimos días, Unidad Federal había formalizado un pedido de sesión especial para tratar el miércoles 29, entre otros temas, la designación de jueces de la ciudad de Rosario, afectada por una seguidilla de crímenes que se le adjudican al narcotráfico. El interbloque de senadores de JxC se sumó con un pedido similar.
El Frente de Todos busca incluir esta agenda y sumar otros temas. Mientras el interbloque que responde a la Vicepresidenta busca avanzar con la aprobación de la totalidad de los pliegos judiciales, hay 34 que tiene dictamen y que esperan ser aprobados en el recinto, Juntos por el Cambio solamente quiere tratar los pliegos de los jueces para Santa Fe.
Parte de la justificación tiene que ver con la posibilidad que observa Juntos por el Cambio de acceder a una mayoría propia a partir del próximo 10 de diciembre, para ser ellos quienes nombren a los jueces. Esto puede suceder en las las próximas elecciones, ya que renuevan sus bancas ocho provincias: Juntos por el Cambio pone en juego 11 lugares mientras que el Frente de Todos arriesga 10 banca.
En esta discusión está el foco de conflicto. Y el resultado marcará la primera derrota de 2023 para el oficialismo o para la oposición. En los últimos días, ambos sectores habían adelantado la posibilidad de negociar el quiebre de la inactividad en el Senado, a raíz de la decisión de Juntos por el Cambio de no acompañar las medidas del oficialismo por el avance del Gobierno en el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema.
Durante el fin de semana, el jefe de los senadores del FdT, José Mayans, admitió que el oficialismo ya no cuenta con el número necesario de senadores para lograr el quórum propio, por lo que es necesario el diálogo político para conseguir el debate en una cámara que no funciona desde el 16 de noviembre último, cuando se aprobó el Presupuesto 2023.
En esta línea, Mayans afirmó que hay “40 pliegos de la Justicia federal con despacho de comisión, incluido algunos que son unánimes, que no son sólo para solucionar el problema de Santa Fe, pero para luchar contra el narcotráfico necesitamos una visión federal”.
”Vamos a tratar de llevar los temas en los cuales tengamos acuerdos, como los pliegos para jueces, los acuerdos de las Fuerzas Armadas, la ley de Lucio, vamos a ver si tenemos acuerdo para la ley de Alcohol Cero y la baja impositiva para la innovación tecnológica”, agregó el senador, según consignó Télam.
Comisión Bicameral de Trámite Legislativo
En paralelo a esta discusión, se retomará la actividad en la comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que es la encargada de dictaminar sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia, frenada desde hace nueve meses y clave para el ministro de Encomia, Sergio Massa, quien busca que el Congreso termine de blindar el decreto que estableció el canje de bonos; en particular, los bonos con la Anses y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Sin embargo, esta jugada que hace el kirchnerismo conlleva riesgos. La bicameral que tiene que tratar los DNU no es un escollo porque está presidida por el diputado de La Cámpora Marcos Cleri, pero el problema es en el recinto. El nuevo bloque Unidad Federal -presidido por el senador jujeño Guillermo Snopek- es una incógnita para el oficialismo.
Juntos por el Cambio, en paralelo, amenaza con bloquear los DNU de Massa una vez que la Bicameral de Trámite Legislativo tenga dictamen. Como esta comisión no se reúne desde el 30 de junio de 2022 -cuando se definieron las autoridades-, en total hay 66 decretos que firmó el presidente Alberto Fernández que esperan ser ratificados, o no, por el Congreso de la Nación.
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