El dueño de la gaseosa Manaos, Orlando Canido está intentando desalojar violentamente de nuevo a la Comunidad Originaria Guaycurú “Yaku Kachi” Paraje Bajo Hondo, Santiago del Estero desde principios de junio de 2021.
El último sábado 26 durante la madrugada una “banda armada” de personas no identificadas que responderían a Canido ingresó a los tiros en las casas de la Comunidad, además de entrar con una topadora y destruir 2 kilómetros de alambrado como represalia al desalojo no ejecutado. Mientras tanto, las familias están resistiendo otra vez este intento de desalojo violento. La Policía provincial e Infantería, cerca de 70 efectivos fueron a apoyar el desalojo. Según testimonios, el accionar de Canido es un clásico, contrata a “bandas armadas” tanto en Santiago como Jujuy para expropiar a su modo tierras indígenas o tierras fiscales. De hecho, están tratando de apropiarse por la fuerza y ocupando el territorio en estos momentos. En plena vigencia del DNU 411/2021 del Poder Ejecutivo que exige a las provincias hacer cumplir las medidas sanitarias para mitigar la pandemia COVID-19, mediante un semáforo epidemiológico.
Para ello, Canido se vale de una Orden de Desalojo firmada en 2019 por la Jueza Rosa Hortensia Falco, titular del Juzgado de Transición N.º 1 y de “la complicidad del accionar violento de Canido por parte del secretario de Seguridad de Santiago del Estero, Marcelo Pato”, como denuncia el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE Vía Campesino).
Desde el 2016 existe un Recurso de Amparo presentado por la Comunidad Indígena Yaku Cachi c/Canido Orlando y otros” (Expte. N.º 452/A/2016) ante la orden de desalojo de las familias. La Comunidad se halla reconocida en el Relevamiento Territorial Indígena inscripta bajo Resol. INAI N.º 37/3/5/2019). El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a través de su presidenta Magdalena Odarda hizo una presentación valiéndose del Recurso de Amparo y reclamó que el desalojo sea suspendido ya que contradice la ley 26.160 de orden público, en su art 2, en el cual se suspenden los actos procesales o administrativos que impliquen desalojo de las tierras de comunidades indígenas preexistentes. Esta sentencia de la Jueza Falco viola el art 17 de la Constitución Nacional ya que no “reconoce la preexistencia étnica, la personería jurídica, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan”. Como así tampoco el art 6 del Convenio 169 OIT que “se debe consultar a los pueblos ante cualquier medida legislativa o administrativa que los afecte directamente”.
Mecanismo de despojo territorial
El conflicto por el territorio recrudeció desde el 2012, cuando Canido (empresa Refres Now SA de la Manaos y “La Omara” de actividad agropecuaria) intenta “comprar” las tierras a la Comunidad Yaku Kachi y se presenta como adjudicatario de 400 hectáreas en el área de Bajo Hondo (como anteriormente fue un tal Putiniano). La forma de operar es siempre la misma, mediante la fuerza, ingresan con topadoras, “bandas armadas” para amedrentar y ejercer distintas maneras de violencia directa hacia la Comunidad (incluidos niños, mujeres, ancianos, da igual), quemando sus casas e ir desplazando lentamente a las familias. Mediante topadoras van corriendo el límite territorial hasta su posesión total. Data de los 70s que empresarios se adjudicaban el territorio, explotaban la madera (Quebrachales Tintina) y trazaron nuevos límites con alambrados, cambiando la configuración del espacio territorial (privados vs pobladores originarios) bien descripta por la memoria de viejos moradores.
“Existe un Estado paralelo al Estado de la provincia”, indica Adolfo Farias referente del MOCASE VC, ya que Canido “cuenta con su propia justicia, seguridad e impunidad” y así en un ir y venir de medidas cautelares o denuncias civiles quieren imponer por la fuerza sus intereses por encima de los derechos reales de la Comunidad. Y así ante una posible “resistencia violenta o armada implicarlos penalmente”. Deolinda Carrizo, del MOCASE VC y directora de Género e Igualdad de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que también solicitó la suspensión de desalojo, expresó que “el conflicto con el empresario de Manaos es de desgaste permanente”.
Denuncias a Canido
Las once familias de la comunidad YaKu Kachi del pueblo originario Guaycurú, viven en una suerte de isla. Rodeados de los campos de Canido, conservan el único monte de la zona que ha quedado en pie por el avance de la soja transgénica, que les provee sus medicinas ancestrales y les permite criar sus vacas, cabras, chanchos y gallinas.
Otra manera silenciosa de atacar a las comunidades es por el aire y el agua (contaminación de pozos de agua potable para humanos y animales). Y ya se cobró una víctima debido a las fumigaciones con agroquímicos sobre las viviendas. Valeria Araya, 35 años madre de 8 hijos, falleció de cáncer este junio. Se denunció y se presentó un amparo ambiental para resguardar la salud de la Comunidad. Recordamos que aplica para el art 27 de Ley 25675/02 de daño ambiental “a toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”.
El dueño de Manaos ya había sido denunciado por Greenpeace (2016) por el intento de desmontar 4000 hectáreas de bosque nativo. Incumpliendo la Ley 26331 de Bosques Nativos, entre algunos artículos, el 9 por ser el hábitat de comunidades indígenas o art 4 sobre conversión de uso de monte para cultivo de soja.
Para concluir en un comunicado en redes la Comunidad expresó “que si esta violencia se incrementa se hará responsable al Poder Judicial, a la Jueza Rosa Falco y al gobernador Gerardo Zamora, de ser responsables políticos de las fuerzas policiales”, además “ser responsables por la integridad física y psicológica de la Comunidad ante la persecución del campesinado y pueblos originarios para complacer al delincuente Orlando Canido”. Esto de querer expropiar o apropiarse de derechos indígenas está perfectamente reflejado en el slogan de la marca del orgullo nacional Manaos “Tomá lo mejor de tu país” … a cualquier precio
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