Vista de la fachada del edificio de la Unión de Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), en Managua (Nicaragua).STR (EFE)
El cierre de la principal cámara empresarial desata entre inversionistas el temor por las confiscaciones.
La decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de decapitar a uno de sus últimos socios y aliados de peso, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), junto a sus 18 cámaras asociadas, cayó de “sorpresa” entre la principal patronal nicaragüense. Sobre todo porque el actual presidente empresarial, César Zamora, había intentado “congraciarse” con el oficialismo desde que asumió el timón de la organización en octubre de 2021, coinciden críticos de esta relación corporativista, que se resquebrajó tras las protestas de 2018, y que este seis de marzo fue liquidada con la publicación de las resoluciones ministeriales en el diario oficial La Gaceta.
“¿Qué pasó hoy? Es el rompimiento legal, como cuando ya te habías divorciado de palabra, sin registrarlo legalmente… Pero, ¡ojo!, es un divorcio unilateral el que hace la dictadura. Legalizan el divorcio con el Cosep. De alguna manera, el Cosep de César Zamora quería mantener una cierta relación con el Gobierno, pero no funcionó”, dice Luciano García a EL PAÍS, un opositor exiliado, allegado al sector privado y director de la organización Hagamos Democracia.
El sector privado se distanció del Gobierno de Ortega y Murillo a partir de 2018, cuando sus principales líderes repudiaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por policías y paramilitares. Dos expresidentes de Cosep, Michael Healy y José Adán Aguerri, fueron arrestados y recluidos en la lúgubre prisión de El Chipote desde 2021, hasta su destierro en Estados Unidos el pasado nueve de febrero. Aguerri fue uno de los artífices de la relación de “diálogo y consenso” que alcanzó rango constitucional; trajo beneficios fiscales a los empresarios e inversión extranjera directa, mientras la patronal obviaba la destrucción de la institucionalidad a manos de la pareja presidencial.
Zamora, un poderoso empresario del sector energético, asumió la tutela del Cosep en octubre de 2021, después que los directivos del organismo fueron apresados. Aunque nunca ha sido sandinista, es descrito por fuentes del sector privado como un “tipo de pensamiento pragmático”, cercano al gobierno, que instaló en el Cosep la idea de la recuperación económica, por encima del reclamo de la liberación de los presos políticos y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, una de las organizaciones canceladas, intentó acercamientos con el Gobierno Ortega-Murillo desde que asumió la presidencia de la patronal. Sin embargo, sus intentos no fueron correspondidos, al menos públicamente. En enero de 2022, el medio Divergentes reveló que el Cosep estaba “listo para una negociación” con el Gobierno para liberar a tres presos políticos asociados a la patronal nicaragüense, pero al final el amago fracasó.
Luego, en junio de ese año, Zamora dijo que las cámaras empresariales habían reactivado diálogos con las autoridades del régimen y que el facilitador en estas negociaciones era el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el gran financiador del régimen sandinista.
“Durante el 2013 y 2018 lo que pasó fue que hubo un Cosep de empresarios que no es que eran sandinistas, sino que eran vivianes [aprovechados]. Sacaron provecho económico”, dice García, quien fue despojado de su nacionalidad nicaragüense por el régimen. “O sea, a ellos no les importaba la legalidad y el Estado de Derecho. Igual se los dijo la embajadora (de Estados Unidos) Laura Dogu cuando se fue: ‘Ustedes prefirieron sacrificar la estabilidad de un país por la estabilidad económica’. Del 2018 para acá lo que viene son los ayayay tras el rompimiento con el Gobierno. El Cosep se viene para este lado (oposición), porque no son asesinos, y porque vieron que hay un dolor del pueblo de Nicaragua con todas las barbaridades que se han hecho. Obviamente ellos toman pie para atrás, pero eso no significa que no añoren todo el montón de negocios y provecho que le sacaron”.
La noticia de la cancelación activó este lunes el temor entre empresarios e inversionistas por las confiscaciones que pueden implicar la cancelación de las personerías jurídicas empresariales, como ha ocurrido con los bienes de más de 3.200 ONG decapitadas desde 2018. EL PAÍS conoció que fueron congeladas las cuentas bancarias de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores (Andiva), mientras otros empresarios “corren” ante la medida “sorpresa” para salvaguardar inmuebles y activos.
“Cubanización acelerada”
Para Felix Maradiaga, preso político desterrado y excandidato presidencial, el cierre del Cosep y de sus cámaras es un paso más hacia “el acelerado camino de cubanización emprendido por el orteguismo”. “Al igual que otras medidas ilegales y tiránicas, esta nueva estocada a la libertades públicas, es también un golpe a la economía y bienestar de todos los nicaragüenses, sin excepción”, advierte el opositor.
Maradiaga recuerda a EL PAÍS que el derecho de asociación “es un derecho humano”, pero sobre todo que el sector privado es el principal propulsor de la economía nicaragüense, por lo que los efectos de esta medida se notarán pronto. “La asociatividad empresarial es clave para acordar acciones que generen empleo y que atraigan inversiones. Por esa razón, el cierre del Cosep no sólo es un golpe a la iniciativa privada, sino también un golpe al pueblo trabajador. Con esta medida, Ortega aísla aún más a todo el país del libre mercado, y lo acerca a las tiranías como Cuba, Venezuela, China e Irán”, dijo.
Otra fuente ligada al sector empresarial comentó que estas “son malas señales para los inversionistas extranjeros”. La decisión del régimen, continúa el economista, provoca “nerviosismo” en las inversiones, ya que el “mensaje que se está enviando es que las leyes no son sólidas, no se respetan, y esto ahuyenta la inversión”.
El exdiputado opositor en el exilio, Eliseo Núñez, sostuvo por su parte que el trasfondo de esta decisión de cerrar las asociaciones de empresas es “el totalitarismo: no permitir ninguna asociación, salvo las del partido sandinista y el Estado”.
El Cosep fue disuelto tras 32 años de existencia, en uno de los golpes más duros contra las cámaras empresariales que ha propinado el régimen de Ortega y Murillo. La única empresaria que hasta la publicación de este artículo ha reaccionado es Lucy Valenti, expresidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua. “Es parte del proceso de radicalización y talibanización del régimen. La dictadura se siente acorralada y toma medidas desesperadas”, dijo.
El cierre de la principal cámara empresarial desata entre inversionistas el temor por las confiscaciones.
“¿Qué pasó hoy? Es el rompimiento legal, como cuando ya te habías divorciado de palabra, sin registrarlo legalmente… Pero, ¡ojo!, es un divorcio unilateral el que hace la dictadura. Legalizan el divorcio con el Cosep. De alguna manera, el Cosep de César Zamora quería mantener una cierta relación con el Gobierno, pero no funcionó”, dice Luciano García a EL PAÍS, un opositor exiliado, allegado al sector privado y director de la organización Hagamos Democracia.
El sector privado se distanció del Gobierno de Ortega y Murillo a partir de 2018, cuando sus principales líderes repudiaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por policías y paramilitares. Dos expresidentes de Cosep, Michael Healy y José Adán Aguerri, fueron arrestados y recluidos en la lúgubre prisión de El Chipote desde 2021, hasta su destierro en Estados Unidos el pasado nueve de febrero. Aguerri fue uno de los artífices de la relación de “diálogo y consenso” que alcanzó rango constitucional; trajo beneficios fiscales a los empresarios e inversión extranjera directa, mientras la patronal obviaba la destrucción de la institucionalidad a manos de la pareja presidencial.
Zamora, un poderoso empresario del sector energético, asumió la tutela del Cosep en octubre de 2021, después que los directivos del organismo fueron apresados. Aunque nunca ha sido sandinista, es descrito por fuentes del sector privado como un “tipo de pensamiento pragmático”, cercano al gobierno, que instaló en el Cosep la idea de la recuperación económica, por encima del reclamo de la liberación de los presos políticos y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, una de las organizaciones canceladas, intentó acercamientos con el Gobierno Ortega-Murillo desde que asumió la presidencia de la patronal. Sin embargo, sus intentos no fueron correspondidos, al menos públicamente. En enero de 2022, el medio Divergentes reveló que el Cosep estaba “listo para una negociación” con el Gobierno para liberar a tres presos políticos asociados a la patronal nicaragüense, pero al final el amago fracasó.
Luego, en junio de ese año, Zamora dijo que las cámaras empresariales habían reactivado diálogos con las autoridades del régimen y que el facilitador en estas negociaciones era el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el gran financiador del régimen sandinista.
“Durante el 2013 y 2018 lo que pasó fue que hubo un Cosep de empresarios que no es que eran sandinistas, sino que eran vivianes [aprovechados]. Sacaron provecho económico”, dice García, quien fue despojado de su nacionalidad nicaragüense por el régimen. “O sea, a ellos no les importaba la legalidad y el Estado de Derecho. Igual se los dijo la embajadora (de Estados Unidos) Laura Dogu cuando se fue: ‘Ustedes prefirieron sacrificar la estabilidad de un país por la estabilidad económica’. Del 2018 para acá lo que viene son los ayayay tras el rompimiento con el Gobierno. El Cosep se viene para este lado (oposición), porque no son asesinos, y porque vieron que hay un dolor del pueblo de Nicaragua con todas las barbaridades que se han hecho. Obviamente ellos toman pie para atrás, pero eso no significa que no añoren todo el montón de negocios y provecho que le sacaron”.
La noticia de la cancelación activó este lunes el temor entre empresarios e inversionistas por las confiscaciones que pueden implicar la cancelación de las personerías jurídicas empresariales, como ha ocurrido con los bienes de más de 3.200 ONG decapitadas desde 2018. EL PAÍS conoció que fueron congeladas las cuentas bancarias de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores (Andiva), mientras otros empresarios “corren” ante la medida “sorpresa” para salvaguardar inmuebles y activos.
“Cubanización acelerada”
Para Felix Maradiaga, preso político desterrado y excandidato presidencial, el cierre del Cosep y de sus cámaras es un paso más hacia “el acelerado camino de cubanización emprendido por el orteguismo”. “Al igual que otras medidas ilegales y tiránicas, esta nueva estocada a la libertades públicas, es también un golpe a la economía y bienestar de todos los nicaragüenses, sin excepción”, advierte el opositor.
Maradiaga recuerda a EL PAÍS que el derecho de asociación “es un derecho humano”, pero sobre todo que el sector privado es el principal propulsor de la economía nicaragüense, por lo que los efectos de esta medida se notarán pronto. “La asociatividad empresarial es clave para acordar acciones que generen empleo y que atraigan inversiones. Por esa razón, el cierre del Cosep no sólo es un golpe a la iniciativa privada, sino también un golpe al pueblo trabajador. Con esta medida, Ortega aísla aún más a todo el país del libre mercado, y lo acerca a las tiranías como Cuba, Venezuela, China e Irán”, dijo.
Otra fuente ligada al sector empresarial comentó que estas “son malas señales para los inversionistas extranjeros”. La decisión del régimen, continúa el economista, provoca “nerviosismo” en las inversiones, ya que el “mensaje que se está enviando es que las leyes no son sólidas, no se respetan, y esto ahuyenta la inversión”.
El exdiputado opositor en el exilio, Eliseo Núñez, sostuvo por su parte que el trasfondo de esta decisión de cerrar las asociaciones de empresas es “el totalitarismo: no permitir ninguna asociación, salvo las del partido sandinista y el Estado”.
El Cosep fue disuelto tras 32 años de existencia, en uno de los golpes más duros contra las cámaras empresariales que ha propinado el régimen de Ortega y Murillo. La única empresaria que hasta la publicación de este artículo ha reaccionado es Lucy Valenti, expresidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua. “Es parte del proceso de radicalización y talibanización del régimen. La dictadura se siente acorralada y toma medidas desesperadas”, dijo.
Fuente: El País de España
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