El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, le pidió a la Justicia peruana la restitución de un indulto que le había sido concedido en 2017 y que el máximo tribunal del país anuló un año después. En la solicitud reiteró su inocencia en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, por los que cumple una condena de 25 años de prisión.
“Considero, señor presidente de esta digna sala, que la anulación del indulto humanitario fue totalmente injusta, sin fundamento alguno", declaró Fujimori, presidente de Perú entre 1990 y 2000, en una audiencia virtual ante la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, informó el medio local Perú 21.
"Yo me encuentro con una salud deteriorada, tengo 85 años y desde la anulación del indulto que se me concedió al final del 2017 he tenido una intensificación de la gravedad de mi salud”, argumentó el exmandatario, sobre el indulto que había sido otorgado por el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski.
En la misma línea, reiteró su inocencia respecto de la sentencia de la Corte Suprema, que lo encontró culpable de homicidio en los casos de Barrios Altos y La Cantuta en 2009 y lo condenó a 25 años de prisión que, actualmente, cumple en el penal de Bar. “Yo me considero, primero, totalmente inocente de esta condena de supuesto secuestro agravado y crímenes por autoría mediata. Segundo, considero que el indulto fue debidamente sustentado y que las enfermedades se han ido intensificando con el tiempo, como lo he dicho”, detalló Fujimori.
El ex jefe de Estado peruano dijo que "periódicamente" se le presentan estos cuadros y que el pasado 13 de agosto tuvo que ser trasladado a un centro médico desde la prisión de Barbadillo, en el este de Lima, "por presentar palpitaciones y opresión en el pecho".
"Considero que el indulto fue debidamente sustentado y que mis enfermedades se han ido intensificando con el tiempo", reiteró.
El caso al que hace referencia
El caso de Barrios Altos se produjo en noviembre de 1991, cuando seis encapuchados y armados de Colina -un grupo de inteligencia y escuadrón de la muerte creado bajo el Gobierno de Fujimori- irrumpieron una vivienda y dispararon indiscriminadamente a personas que realizaban una pollada (comida), algunas de ellas sospechadas de tener vínculos con actividades terroristas. Murieron 15 personas, entre ellas un niño de 8 años.
El caso La Cantuta ocurrió en julio de 1992, en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán La Valle, más conocida como La Cantuta, donde nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados, en un hecho al que se atribuyó la autoría a Colina. Un año después, se encontraron restos de dos de ellos en fosas clandestinas.
Uno de sus abogados defensores, Elio Riera Garro, aseguró ante el tribunal que "con el devenir del tiempo no se ha logrado materializar el hecho de que no se tiene que aplicar el indulto humanitario", por lo que pidió que se "ordene la inmediata excarcelación" de su defendido.
Posteriormente, la Fiscalía defendió una decisión que ya rechazó en primera instancia la solicitud de Fujimori y remarcó que el análisis del actual habeas corpus debe centrarse en la pertinencia de la restitución del indulto y no en la presunta inocencia del exmandatario.
La Fiscalía recordó, además, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió en marzo de 2022 que se suspenda una decisión del Tribunal Constitucional (TC) que había admitido un recurso para restablecer el indulto, por lo que solicitó que se confirme "la sentencia en primera instancia que declara improcedente la demanda".
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