Entre las principales modificaciones que introduce el decreto es la eliminación del Ministerio de Infraestructura, cuyas funciones pasan a Economía. El Ministerio de Economía pasa a absorber, de esta forma, nuevas funciones y atribuciones.
Asimismo, la tutela de los derechos de las acciones de organismos estatales como Corredores Viales S.A., Agua y Saneamientos SA (AySA) y la Administración General de Puertos (AGP) se traspasan a la órbita de la Jefatura de Gabinete. También pasan a Jefatura de Gabinete las competencias relacionadas a telecomunicaciones, servicios de comunicación audiovisual, desarrollo satelital y servicios postales.
El Programa Nacional de Protección de Testigos, que antes se encontraba bajo la órbita de Justicia, y el Consejo Federal y el Comité de Lucha Contra la Trata, pasa al Ministerio de Seguridad. El Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena pasa de Capital Humano a Economía.
Fuente: Contexto-A24
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