Paulina Alejandra Lebbos...preguntas sin respuestas en la República de "Pepe"

El director de Redacción 24, Juan Carlos Fernandez, hace un relato pormenorizado de un crimen que taladra las instituciones en la República de "Pepe". Caso Lebbos: Pistas comprometedoras y sospechosos complicados. Paulina Alejandra Lebbos tenía 23 años, y era madre de un niño de cinco años cuando desapareció en la mañana del 26 de febrero de 2006. Había salido de su casa a bailar la noche anterior. Lo último que se supo de ella fue que, a eso de las 6.30 de la mañana y a bordo de un remís, dejó a una amiga en su casa y siguió viaje hacia la de su novio. Su cadáver fue hallado dos semanas después, el 11 de marzo, al costado de una ruta en Tapia, cerca de la villa veraniega de Raco, al norte de la capital tucumana. A partir de allí la investigación inicial, a cargo del entonces fiscal, Alejandro Noguera, comenzó a transitar por un camino habitado por múltiples dificultades. La primera de ellas la falta de datos concretos y pruebas fehacientes sobre cómo fue el traslado de Paulina Lebbos, junto a su amiga, Virginia Nazarena Mercado una vez que salieron del boliche "Gitana", y si realmente Mercado se bajó en el lugar que solía habitar, o también acompañó a Paulina al lugar donde se dirigía la jóven desaparecida. Sobre esta cuestión, desde el fiscal Noguera -apartado de la causa y ahora integrante de la Cámara Penal- hasta el nuevo responsable de la investigación, el fiscal, Diego López Avila, están "convencidos" que la jóven salteña "jamás dijo la verdad". Lo que llevaría al nuevo fiscal, según pudo conocer Redacción24, llamarla nuevamente a prestar declaración testimonial, cuando así lo considere oportuno. Otro de los escollos primarios con el que tropezó el trabajo de la Justicia, fue la llamativa participación de integrantes de la Policía de la Provincia, como así también de la Secretaría de Seguridad, organismo dependiente del Poder Ejecutivo. Más allá de los errores producidos por omisiones o nigligencias profesionales, los que también quedaron en tela de juicio por evidencias concretas que la investigación logró develar puntualmente: liberación de zonas; actuaciones irregulares por órdenes expresas (así manifestadas en el ámbito judicial) y luego desmentidas; versión (también desmentida) sobre el hallazgo del cuerpo de la víctima; preocupación por el traslado inmediato del cadaver -sin precensia, conocimiento y autorización del fiscal de turno; y falta de acciones inmediatas, teniendo en cuenta su responsabilidad que le cabe ante los requerimientos que realiza el Poder Judicial. Y la tercera valla, también notoria, que tuvo el irresuelto caso "Paulina Lebbos", es de carácter politico. Tal es así que, desde el primer momento, el interés por dilucidar el misterio de la muerte no pasó de ser una expresión de deseo de puertas afueras, porque el interior mostraba un extremado cuidado, por no decir temor, en hablar concretamente sobre lo ocurrido, o tomar decisiones concretas, más, ante la relevancia que había alcanzado el resonante caso en la prensa y su incersión en la opinión pública. Consecuencia de ello, el gobernador José Jorge Alperovich, en una de sus declaraciones obligadas a los periodistas, aseguró que "en horas más estaremos en condiciones de dar a conocer el nombre o nombres del o los responsables". Aunque años después se justificó diciendo que lo había hecho ante una información que le había suministrado su, entonces, jefe de Policía, Hugo Sánchez, pero que luego le transmitió que "se había equivocado". Este traspié, para nada menor, no le trajo ninguna consecuencia al funcionario policial, ya que siguió manteniendo la confianza de su jefe político. El que sí pagó los platos rotos de la importante presión, por aquel 2006, fue el secretario de Seguridad, Pablo Baillo. Con esta entrega, el Ejecutivo dio por cumplida su obligación política. De allí en adelante, todo se sumió en un profundo e incomprensible silencio. Previa modificación del escenario judicial donde se desarrollaba la investigación. El fiscal Noguera fue invitado una tarde por el gobernador, a su casa, para charlar sobre la marcha del trabajo que llevaba adelante, con la presencia del padre de la víctima, Alberto Lebbos. Algo sorpresivo e inusual en este tipo de procedimientos, donde la Justicia y el Poder Ejecutivo se encuentran en privado para dialogar sobre un delicado caso con ribetes de escandalosa participación criminal, hasta que no se demuestre lo contrario. Cómo habrá sido de irregular todo que, bien comenzó la reunión tripartita, el dueño de casa abrió el fuego diciendo: "Bueno, ¿Cómo se arregla esto?. Y, como un puñal rasgando el pesado clima que se vivía en el interior del agradable ambiente de la residencia, Alberto Lebbos se despachó: "Con 2 millones de pesos". Cuentan que Alperovich y Noguera se miraron atónitos e incrédulos ante la frase que acababan de captar sus oídos. El primero que reaccionó fue el gobernador: "Vos estás loco", le respondió al padre de la víctima. Y de allí en adelante, todo estuvo demás en la tarde-noche del ya otoño norteño. Lo que viene es reiterado y por todos conocido. A la salida de los visitantes, los periodistas del diario centenario estaban esperando a la presa. Consecuencias: Noguera fue separado de la causa por el Ministerio Público. El fiscal Carlos Albaca fue designado para hacerse cargo de la investigación, y Lebbos comenzó a incubar su enemistad con el primer mandatario provincial. Todo estos antecedentes, tampoco afloran como nuevos ingredientes a la no desada hisotoria de la muerte de Paulina. Este periodista, en oportunidad de escribir para el semanario El Periódico -ya desaparecido- junto al colega Carlos Quiroga relataron gran parte de estos pormenores en aquellas páginas publicadas por aquellos días. Lo único nuevo revelado es ese episodio de aquella reunión en la casa de Alperovich, cuyo aporte amerita realizarlo. Inclusive López Avila no desconoce el detalle, más que anecdótico. Carlos Albaca, que luego de casi siete años de inacción premeditada tomó la determinación de apartarse de la causa. Lo cual indica que llegado el momento de tener que dar explicaciones le significaría una tremenda incomodidad, en todo aspecto. Optó por la más práctica y menos amenazadora. Salvo que alguien, o más, tenga un ataque saludable de sentido común y le pida rendición de cuenta por su inexplicable falta de apego con la función por la que el Estado le paga una remuneración importante. Teniendo en cuenta su obligación y responsabilidad por la que ha prestado juramento previo. En este renovado impulso que parece haber tomado la investigación del caso, propiamente dicho, el fiscal ha dado pasos gravitantes que alientan resultados esperanzadores en pos de conocer la verdad que se anhela. Es sabido que Gendarmería Nacional ha logrado formar un departamento altamente calificado en investigaciones criminalísticas. Ya en aquellos años el fiscal Noguera recurrió a los especialistas del Edificio Centinela para tener un diagnóstico profundo de las evidencias que tenía a su alcance. Ese equipo, que trabajó silenciosamente en Tucumán, a cargo de un tal comandante Muñoz, produjo un voluminoso informe de lo encontrado "in situs". Material que Albaca guardaba bajo siete llaves para que nadie pudiera enterarse de su contenido. Hoy, este mismo departamento de especialistas está abocado a re-estudiar el material disponible para actualizar el viejo informe con el que cuenta la Justicia. Una de las novedades, que está en condiciones de adelantar Redacción24, es sobre el ADN que fue identificado en el cuerpo de la víctima. El mismo, pertenecería a uno de los presuntos sospechosos con que cuenta el fiscal López Avila. También, el estudio de las pruebas que brindan los restos del cuerpo de la jóven Paulina, habrían incorporado a la causa datos, por demás relevantes, que le darían al fiscal elementos concretos para tomar futuras y prontas determinaciones sobre las responsabilidades -casi ineludibles- de los potenciales involucrados. El fiscal, en uno de sus viajes a Buenos Aires, estuvo largamente reunido con el reconocido especialista forense, Osvaldo Hugo Raffo a los fines de interiorizarse de los detalles, que las pruebas aportadas pudieran brindarle pistas salidas del máximo rigor del conocimiento científico. Entre las conclusiones de Raffo, estarían: a) Que el ataque de los perros sobre el cadaver de Paulina -abandonado en la zona de Tapia- se habría producido por una herida hecha voluntariamente en el sector de la ingle, para que los animales lograran -con su acción- modificar o alterar el estado del cuerpo ya depositado. b) Que la muerte se puede haber producido por opresión en la garganta de la víctima o por el golpe certero de un experto en karate. A estos, se le agregan otros elementos surgidos de la conclusión a la que ha llegado el científico argentino. Se incorporan, además, a las pruebas colectadas por López Avila tras los requerimientos realizados desde que se hizo cargo a la fecha, la de los entrecruzamientos de las llamadas telefónicas efectuadas por varias de las personas que figuran en el voluminoso expediente de la "Causa Lebbos", incluída la víctima. Para sorpresa del fiscal, gran parte de ellas se relacionan íntimamente y se direccionan a sectores geográficos coincidentes, lo que pondría a varias de las presuntas personas comprometidas en la necesidad imperiosa de explicar los motivos que llevaron a realizarlas, y que cosas en común los conecta. Los que ya están en la lista de los futuros declarantes en el marco de la causa son: Víctor Cesar Soto (ex pareja de Paulina, y que a los 6 meses de ocurrido el hecho fuera nombrado en la Legislatura provincial por el entonces legislador, Juan "Pinki" Rojas); el remisero Juan Pedro Cruzado; Juan Jiménez, y su hijo Jorge (vecinos de Soto); Gabriel Alperovich; Sergio Kaleñuk; Gustavo González; Eduardo Di Lella (ex secretario de Seguridad); Hugo Sánchez (ex jefe de Policiía); Nicolás Barrera (ex segundo jefe de Policía) y Hécto R Britos ( ex jefe de la Unidad Regional Norte de la Policía de Tucumán, que también participó en la investigación de la desaparición de Marita Verón). En cuanto, Enrique García; Roberto Lencina y Manuel Yapura (ex policías) deberán enfrentar desde el 2 de diciembre próximo un juicio oral por falsificación de instrumentos públicos ralacionados con la causa.