Autor: Ximena García
El martes 18 de mayo las comisiones de Presupuesto y Energía de la Cámara de Diputados dieron dictamen favorable al proyecto del FDT que otorga un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles.
Desde Juntos por el Cambio, compartimos la necesidad de actualizar la ley vigente, pero queremos una ley que mire hacia el futuro, que tenga previsibilidad jurídica y que sirva para producir respetando el principio de progresividad ambiental. Esto no ocurre con el proyecto presentado por el FDT ya que es retrógrado y arbitrario.
En lo que respecta a los cortes, que es la proporción de biocombustibles que se mezcla con la nafta o el gasoil, el proyecto mantiene en 6% el bioetanol a base de caña de azúcar y en 6% el bioetanol a base de maíz, habilitando a la autoridad de aplicación a reducirlo incluso hasta el 3%, a su completo arbitrio. En el caso del biodiesel reduce el corte en gasoil del 10% al 5%, pudiendo disminuirse hasta el 3%.
Estas modificaciones condenan al cierre a las pequeñas empresas del sector cuya ecuación económica se tornará inviable al tener que trabajar, como máximo, al 50% de su capacidad aún no siendo ineficientes ni carentes de calidad. Muchas de estas empresas instaladas en la provincia de Santa Fe sufrirán el retroceso de la actividad, que también será palpable en la dinámica de múltiples localidades del interior argentino.
En lo que respecta a la fijación del precio no hay propuestas de modificaciones, y continuará siendo fijado por la autoridad de aplicación, perpetuandose la arbitrariedad.
Por su parte, tendrá importantes repercusiones en la industria del biodiesel. No permitirá la ampliación de las plantas actuales, ni la instalación de nuevas, desincentivando la productividad, tanto en calidad como en volumen. Aquellas empresas que sobrevivan a la ley, lo harán en un sistema absolutamente cerrado, ya que el proyecto prohíbe expresamente que las empresas que entregan biodiesel al corte obligatorio puedan exportar. Entonces por un lado se limita la producción a la mitad y por otro se restringen las ventas de excedentes al exterior en los casos de que las empresas quieran, y puedan, producir mayores cantidades. Con este esquema ilógico no habrá salida.
Asimismo, este proyecto desnaturaliza el espíritu originario de la ley vigente, que fue impulsada en un contexto de gran demanda interna y externa de hidrocarburos y baja inversión en su exploración, y que se sancionó principalmente para diversificar la matriz energética y promover el uso de combustibles que no comprometen al medio ambiente. Con posterioridad, nuestro país avanzó en tratados internacionales medioambientales, formando parte del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (2015), donde los países firmantes se comprometieron a bajar sus emisiones de GEI para el año 2030, y así lograr mantener la temperatura lo más cerca posible de los 1,5°C de media global.
En este sentido es importante destacar que más del 70% de las emisiones de CO2 provienen de la energía dominada por los fós
iles (80% corresponden al petróleo, carbón y gas natural). Este estado de cosas explica que las principales medidas para mitigar las emisiones busquen promover la transformación del paradigma energético actual. El límite de los 2ºC para el aumento de la temperatura media y los esfuerzos para bajar ese umbral a 1.5ºC, no serán posibles de alcanzar sin una transformación sustancial de la oferta energética. Por esta razón el aporte de los biocombustibles resulta fundamental; los “de 1ra generación” ahorran aproximadamente 65% de las emisiones respecto de los combustibles fósiles que reemplazan, y en los “avanzados” esa cifra se eleva a 85% - 95%. En este contexto, es ilógico que este proyecto de ley proponga reducir su corte sustancialmente.
Otro ejemplo de que este proyecto no contempla los compromisos internacionales firmados por Argentina respecto al cuidado del medioambiente y al tránsito hacia energías limpias y libre de contaminantes, es que no incluye al biogás en la definición de biocombustibles, como si lo hace la ley vigente y que hasta permite que sea inyectado en la red de distribución. Tampoco prevé, como si lo hace la legislación vigente, requisitos para el autoconsumo, distribución y comercialización de Biodiesel 100% y Etanol 100%. Estos son claros retrocesos para nuestro país.
La propuesta oficialista no solo incumple compromisos asumidos, sino que nos lleva al ostracismo del mercado internacional. Tanto la Canciller A. Merkel como el Presidente E. Macron han expresado que los productos de los países que no se esfuercen por alcanzar sus metas de emisiones comprometidas, encontrarán dificultades para acceder a sus mercados.
En definitiva, el proyecto de ley presentado no avanza en ningún punto y retrocede en muchos. Tampoco aporta nada novedoso a la legislación vigente. Entonces, ¿a quién pretenden beneficiar? Entre las PyMES productoras de biodiesel hay un conglomerado de empresas que tienen capacidad de producción de 50.000 tn anuales, de las cuales 10 pertenecen a dos grupos económicos que sumados sus cupos llegan a 200.000 y 300.000 tn. Estos grupos terminarán absorbiendo los cupos de las pequeñas empresas imposibilitadas de producir. Es claro que el proyecto de ley encabezado por el Diputado Marcos Cleri está hecho a la medida de los grupos económicos concentrados.
Más aún, llama la atención un detalle oculto dentro del proyecto. En los artículos 16 y 17, que tratan la sustitución de importaciones de combustibles fósiles, se crea un nuevo régimen dentro del régimen, a partir del cual las empresas deberán inscribirse para que la autoridad de aplicación, discrecionalmente, les otorgue cupos por fuera del corte obligatorio. ¿Quiénes se verán beneficiados? ¿Hay amigos del poder en este rubro? Todo queda a la sola firma del Secretario de Energía.
También encontramos alertas en las atribuciones que se le confieren al Secretario de Energía en el artículo 3 inciso g) cuando se lo habilita para “Garantizar la disponibilidad de los insumos necesarios para la elaboración de los biocombustibles con destino a la mezcla obligatoria, pudiendo arbitrar y establecer los mecanismos que estime necesarios a fin de la adquisición de aquellos sea llevada a cabo según las condiciones normales y habituales del mercado y sin distorsión alguna, estableciendo como límite en el caso que corresponda, el precio de exportación de dichos insumos menos los respectivos gastos”. ¿Esto no puede llevar a una acción intervencionista en el mercado de granos?
Con estas reflexiones y cuestionamiento quiero despertar la conciencia de lo que significa aprobar una ley que atrasa y cuya flagrante arbitrariedad pone en duda las verdaderas intenciones del oficialismo. Como mencionara al inicio, se necesita una nueva ley que mire al futuro, que marque un camino de transición hacia energías limpias, que promueva la investigación e innovación para desarrollar biocombustibles avanzados, y que aporte al desarrollo regional y a la generación de empleo genuino.
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