Durante ese
primer gobierno la legislatura habilitó la reforma de la Constitución de la
Provincia y se consagró la Disposición Transitoria Sexta que dice: El mandato
del Gobernador de la Provincia, en ejercicio al momento de sancionarse esta
reforma, deberá ser considerado como primer período. (Referida al artículo
152).
Por su parte, la
Disposición Transitoria Séptima, establecía lo siguiente: El mandato del
gobernador que asuma su cargo el 23 de marzo de 2009, se extenderá hasta el 10
de diciembre de 2013. (Referida al artículo
152).
Posteriormente,
el 30 de noviembre del año 2008, el Gobernador fue reelecto para el período
2009/2013, agotando la única reelección que le autorizaba el art. 152 y la
Disposición Transitoria Sexta de la Constitución de la Provincia.
Durante el año
2013 se deben renovar las autoridades provinciales y en estos momentos,
resulta de público y notorio, que las principales ciudades de la Provincia, en
especial la ciudad Capital, se encuentran inundadas de carteles y pintadas que
propician la postulación del Dr. Zamora para un nuevo período de gobierno, es
decir un tercer mandato consecutivo, en franca contradicción con lo que
expresamente establece nuestra Carta Magna.
Es en
este marco que se presentó, en el Juzgado Civil de Cuarta Nominación ante el
Juez Sergio Javier Santos, una “Acción Meramente Declarativa de Certeza” que
presenta como actores demandantes a ALDO ADOLFO BRAVO (Partido Socialista),
JOSÉ FERNANDO DANIEL GIMENEZ (Movimiento Libres del Sur), integrantes ambos
actores del Frente Amplio Progresista, y EMILIO ALBERTO RACHED (Unión Cívica
Radical); y como parte demandada a la Provincia de Santiago del Estero y al
Dr. Gerardo Zamora.
La Acción Declarativa pretende poner certezas sobre las intenciones, no negadas pero tampoco asumidas, del Dr. Gerardo Zamora de presentarse como candidato para un tercer mandato a cargo de la dirección de la provincia, contradiciendo lo dictado por la Constitución Provincial vigente. Así, se solicita al demandado terminar con las insinuaciones de un posible nuevo período como gobernador, ya que no sólo es inconstitucional, sino que no deja en claro cuáles serían las reglas vigentes a las que deben adaptarse los partidos con aspiraciones participativas en los próximos comicios provinciales y confunde a los ciudadanos sobre la legitimidad de su nueva elección.
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