jueves, 28 de octubre de 2021

Asseff “¿Relaciones carnales con Rusia?”

El Diputado Nacional Alberto Asseff del bloqueJuntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, pide al gobierno nacional que ponga en conocimiento si una delegación de la AFI encabezada por la propia interventora de la misma acompañada por el Jefe de Contrainteligencia y de otros funcionarios ha estado en Rusia durante la última semana de setiembre a fin de mantener conversaciones con los jerarcas del Servicio Federal de Seguridad Ruso (FSB).

Asseff reclama, asimismo, que el gobierno indique si -como aseguran importantes fuentes periodísticas- se ha tratado un acuerdo de cooperación bilateral en materia de seguridad por el cual nuestro país adquirirá un programa informático para el suministro de asistencia a la organización de la actividad electoral y un sistema de recuento de votos para los comicios –que será aplicado en las elecciones presidenciales del año 2023-. Mismo modelo de los utilizados en la República Bolivariana de Venezuela, así como ofrecido tiempo atrás al Gobierno de la República Árabe Siria, países que se distinguen por su escasa calidad democrática y gobiernos inestables que gobiernan de espaldas a su pueblo.
Lo acompañan con su firma a Alberto Asseff, los diputados Pablo Torello, Héctor Stefani, Virginia Cornejo, Laura Carolina Castets, Gabriela Lena, Alfredo Schiavoni, Gonzalo Del Cerro, Gerardo Cipolini, Hernán Berisso, Carlos Alberto Fernández y Francisco Sánchez.

Al titular del Partido UNIR le preocupa particularmente una clausula que indicaría que según el acuerdo con la Federación Rusa se establecería en nuestro fuero interno la obligatoriedad de guardar por el plazo máximo de hasta un año todos los mensajes grabados del correo de voz y los mensajes de texto de las compañías de telefonía y de celulares, así como el remitente, destinatario y numero de dirección “IP” de las direcciones desde las cuáles se cursan los correos electrónicos, pero empleando para ello los soportes de memoria de las propias empresas prestadoras y no los de organismos estatales -con lo cual las agencias del gobierno harían ingentes ahorros- y ante lo que las compañías de Internet y de celulares no podrían negarse a efectuar las inversiones necesarias para cumplir con la ley que se pudiera sancionar a tal efecto atento su pretendido carácter de “servicio público”. Situación que llevaría a una potencial violación de la privacidad de todos los argentinos en nombre de una supuesta ´seguridad´ que no es tal, pues nuestra información privada será manejada por la inteligencia rusa. 
“No podemos permitir que el kirchnerismo nos lleve a tener una nueva versión de relaciones carnales, esta vez con Rusia, por su necesidad de mantenerse en el poder y entregar a cambio la información de nuestro país y permitirles injerencia en nuestras decisiones soberanas”, concluyó Asseff.

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