En la provincia de Salta, desde febrero, la atención de salud para los extranjeros se cobra. En este contexto, en estas últimas horas se dio un polémico caso en Orán, el primero de este tipo que debieron abordar bajo la nueva normativa. Ocurrió cuando una embarazada oriunda de Bolivia requirió asistencia para el parto en el hospital de esa ciudad fronteriza, pero después se negó a abonar lo que debía y su marido se violentó con los médicos.
El conflicto ahora se judicializó y además se pidió la intervención de Migraciones, debido a que la mujer no presentó la documentación necesaria para justificar su versión de los hechos.Quien confirmó la información fue el gerente del hospital de Orán, Alejandro Fabián Valenzuela, en diálogo con Cadena 3.
“Es un caso de una paciente con el marido. Según el documento del marido, reside acá en Orán, pero ella tiene cédula boliviana. Vino con un embarazo a término y el ginecólogo de guardia consideró que todavía no estaba en trabajo de parto, por lo cual se le dijo que tenía que abonar o si no tenía tiempo para regresar a su país. Eso fue en horas de la mañana”, explicó Valenzuela sobre el primer contacto con la mujer.
Sin embargo, después narró: “Posteriormente, en horas de la madrugada, llegaron los dos con un trabajo de parto ya muy avanzado. Se les brindó la atención para que la mujer tuviera el parto en el hospital y se la asistió tanto a ella como a su bebé. Al día siguiente se les anotició del cobro correspondiente, de $245.000, ante lo cual el marido, que es argentino, dice que no les correspondía”.
Esta situación originó un entredicho a tal punto que el supuesto esposo de la flamante madre y un amigo se violentaron con personal del hospital, por lo que fueron denunciados. “Ya como estaba para el alta la señora, manifestaron que no iban a abonar”, contó el gerente, quien dijo que también se realizó una presentación judicial contra la mujer, para lograr que abone lo que debe, a la vez que se pidió la intervención de Migraciones.
“Queremos ver cuál es la condición de ingreso al país de esta persona. Tenemos muchos pasos que son ilegales y puede ser que esté ilegal”, deslizó Valenzuela. En Cadena 3 también precisaron que la mujer no solo no tenía acreditación de que vivía en la Argentina, sino que tampoco logró constatar que el hombre que la acompañaba era su marido.
De acuerdo al decreto 129 firmado por el gobernador Gustavo Sáenz para garantizar “la solvencia” del sistema de salud público, en Salta está arancelada la atención sanitaria para los extranjeros que se encuentren en la Argentina de manera temporal, de vacaciones o que tengan una residencia precaria, es decir, no permanente.
No obstante, en esa normativa -que fue rubricada también por todos los ministros del Ejecutivo salteño- se establece que la atención en casos de emergencias seguirá garantizada y no deberá ser abonada.
Fuente. Contexto - La Nación
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