El informe, que mañana viernes presentará la alta comisionada Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte que, "si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país", que supera ya los 4 millones de personas.
La institución pide a las autoridades la liberación de todos los detenidos por ejercer sus derechos fundamentales; señala al Ministerio Público de haber incumplido su obligación de investigar y enjuiciar a responsables y afirma que los medios de comunicación se han reducido porque el régimen ha impuesto una hegemonía comunicacional que restringe el derecho a estar informado.
El documento, que se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos, denuncia que en el último decenio, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno".
Advierte que Maduro ha recurrido a detenciones arbitrarias, en su mayoría sin fundamento legal, como uno de los principales mecanismos para intimidar y reprimir a sus adversarios desde 2014. Detalla que se registraron 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) aprehendidas entre 2014 y 2019. Algunos de estos casos han sido calificados como desapariciones forzosas hasta que los cuerpos de seguridad del Estado han revelado la ubicación de la víctima, luego de varios días de captura.
La mayoría de estas detenciones han sido cuando los ciudadanos estaban ejerciendo sus derechos humanos, en especial relacionados a la libertad de opinar, expresarse o reunirse de manera pacífica. “Sometiéndoles a juicios en los que se cometieron graves y repetidas violaciones de la garantía de procedimientos justos”, agregan.
El documento del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU registró que en muchos casos los detenidos fueron sometidos a una o más formas de tortura, así como a tratos crueles, inhumanos o degradantes como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.
Indican que la GNB y la PNB han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014. Las FAES son señaladas de llevar a cabo numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad. Lo mismo advierten del Cicpc. Los servicios de inteligencia, Dgcim y Sebin, son acusados de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura a opositores y a sus familiares. Además, los colectivos armados (calificados por la Asamblea Nacional de paramilitares) contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia.
La Oficina del Alto Comisionado recomienda que se disuelva las FAES y se establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, con el fin de investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas.
De acuerdo con el texto, un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder Ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos. Destacan asimismo la repercusión de la profunda crisis económica que ha privado a la población de los medios necesario para satisfacer sus derechos en los ámbitos alimenticios y cuidados médicos.
“El gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas –entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia— y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión. La situación es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas. Estamos dispuestos a colaborar con todas las autoridades competentes y a seguir promoviendo los derechos de todos los venezolanos, cualesquiera sean sus afiliaciones políticas”, dijo Bachelet.
Fuente: El Nacional de Caracas
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