Ximena García: No a la reforma judicial. No a la intervención judicial. No a la impunidad

Es indiscutiblemente la necesidad de reformar la justicia, necesitamos una justicia moderna, accesible, rápida y eficiente. Pero para ello se requiere de debates profundos, con todos los actores sociales, y sin dobles intenciones. El proyecto prepotente impulsado por el Frente de Todos no tiene entre sus intenciones mejorar el servicio de justicia para la ciudadanía, solo quiere intervenir la justicia, disfrazada de nobles objetivos para garantizar la impunidad de CFK, funcionarios, ex funcionarios y empresarios amigos. La agenda de CFK hoy es la agenda del gobierno nacional, afirmó la diputada nacional santafesina de JxC.

Algunas de estas contradicciones son:

Incompatibilidad con el sistema acusatorio: no se encuentra en armonía con estos nuevos sistemas, ya que solo crea un total de 119 cargos para fiscales, fundamentales por su rol de encabezar las investigaciones en los procesos, frente a los nuevos 245 cargos para jueces, en una inversión innecesaria y desproporcionada.

Debilita el federalismo: se crea una estructura desproporcionada en Comodoro Py, ya que a los existentes fusionados, se incorporan 23 Juzgados de Primera Instancia y 5 Tribunales Orales en lo Penal Federal más para la Justicia Federal Penal porteña, cuando existen territorios nacionales con difícil o nulo acceso a la justicia, que deben conformarse con 73 nuevos Juzgados de Primera Instancia, 8 nuevas Cámaras, 5 nuevas Salas, y 2 Tribunales Orales Federales repartidos de modo arbitrario. La “reforma”, centrada en el fuero Federal Penal, desnuda su interés primordial en las causas de corrupción vinculadas al poder.

Subrogancias: los nuevos juzgados serán ocupados por jueces subrogantes, es decir “suplentes”. Los mecanismos propuestos para sus designaciones, violan flagrantemente el art. 114 de la CN, la Ley 27439 de subrogancias, y las Acordadas 4/18 y 7/18 de la CSJN, peligrando la independencia de poderes y la garantía del juez natural.

Reordenamiento arbitrario: los cambios en las estructuras de los fueros no están fundados en datos cuantitativos ni cualitativos. El 70% de los problemas que tiene la ciudadanía están relacionados a causas civiles, comerciales y laborales, y esta modificación pone su foco en el fuero penal, intentando disolver el poder, a través de la división de sus recursos disponibles, reubicando Secretarías, en claro perjuicio de su óptimo funcionamiento, y en busca de garantizar su propia impunidad.

Ingresos: los nuevos cargos se suman a las 200 vacantes ya existentes en juzgados, fiscalías y defensorías, que serán ocupadas a través de la Ley 26.861 de ingreso democrático e igualitario a la justicia. Ésta norma, tiene graves falencias, ya que presenta dificultades para determinar las especialidades de los aspirantes, al unificar los exámenes, dejando, a su vez, parte del proceso librado al azar. Esta norma, vigente hace más de 7 años, posibilita que el ingreso al Poder Judicial Federal sea discrecional, oscuro y a dedo, por lo que continuar con ella no cumpliría sus objetivos básicos de democratizar y transparentar.

Intento de avasallar la libertad de prensa: finalmente se dejó a un lado la incorporación del término “mediáticas” a la lista de “presiones denunciables” por los jueces. No obstante seguimos en alerta ante posibles atentados contra los derechos constitucionales básicos de de libertad de expresión. Los medios de comunicación fortalecen la democracia, informan a la sociedad, cuestionan al poder político de turno, investigan, denuncian.

El momento elegido para debatir la reforma es por lo menos INOPORTUNO, vivimos una crisis económica sin precedentes, con indicadores peores que la crisis 2001 / 2, la mayor caída del PBI de la historia entre 10% y 15%, 42.000 pymes cerradas, aproximadamente 800.000 puestos de trabajo perdidos, índice de desempleo de 10,3% y proyección de la pobreza mayor al 50%. No estamos en condiciones de afrontar un aumento del gasto público en aprox. 6.000 millones anuales, para solventar la superestructura de los nuevos juzgados, que, al no contener cambios de fondo que apunten contra los problemas estructurales, no solo que no garantiza un mejor servicio de justicia sino que lo engorda en sus defectos. Ahora tenemos una justicia arcaica y más cara.

Estos cambios, de este modo y en este momento son una demostración clara que la única agenda prioritaria para CFK y para el gobierno nacional conducido por el FDT es su IMPUNIDAD, una reforma disfrazada de nobles intenciones, que atenta contra la República, atropellando a la división de poderes, y garantizando la libertad de los corruptos.

Por esto, decimos NO a la REFORMA JUDICIAL. NO a la INTERVENCIÓN JUDICIAL. NO a la IMPUNIDAD.