Importantes organizaciones de la sociedad civil y destacados juristas de todo el país firmaron una carta abierta y la presentaron ante la Legislatura de Chubut en respuesta a la inconstitucional acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, que suspendió la Ley de Juicio por Jurados aduciendo falta de presupuesto.
La Ley de Juicio por Jurados de Chubut es ejemplar y fue aprobada por unanimidad de todos los bloques políticos de la Legislatura en diciembre de 2019. Debido a la pandemia de Covid-19, la Legislatura prorrogó su vigencia por unos meses, pero ya se encuentra plenamente operativa.
Hace unos días, una jueza penal, con mucho criterio, pidió a la Oficina Judicial que una causa por homicidio se juzgue por jurados como marca la ley. El STJ se negó a cumplir con la ley y resolvió suspender “por acordada” la vigencia de la ley de jurados porque aduce no tener fondos para poner en marcha el sistema. La acordada es un abuso inconstitucional de poder y un alzamiento contra el Poder Legislativo.
La Carta Abierta dice las cosas con claridad: el STJ exagera e inflaciona los presuntos costos del Juicio por Jurados, que no son tales, para incumplir con una ley emanada del Poder Legislativo que pone en marcha nada más ni nada menos que la garantía constitucional del Juicio por Jurados.
Es importante destacar que solo están previstos como máximo tres Juicios por Jurados en Chubut hasta fin de año y que el sorteo anual de jurados –que el STJ todavía no hizo en dos años– es gratuito. Por otra parte, ninguna de las diez provincias argentinas que ya tienen Juicio por Jurados ha tenido la más mínima dificultad presupuestaria para poner en marcha al sistema.
Por otra parte, ninguna corte suprema de justicia del país, ni federal ni provincial, posee facultad alguna para suspender garantías judiciales constitucionales, como es el Juicio por Jurados. El Juicio por Jurados está consagrado tres veces en la Constitución Nacional y también en la Constitución de Chubut.
En este contexto, los firmantes de la carta abierta solicitan a la Legislatura que ponga límites a este ejercicio arbitrario de poder del TSJ y haga funcionar plenamente la división de poderes que distingue a una República.
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