Dos exintendentes santiagueños fueron procesados este jueves por decisión del juez federal Claudio Bonadío, en el marco de una investigación sobre el destino de $600 millones de pesos que, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se distribuyeron entre 190 municipios del país para la ejecución de proyectos vinculados a la gestión de residuos sólidos urbanos. Se trata de Julio Castro, que gobernó Añatuya hasta fines del año pasado, y Rodolfo Capellini, esposo de la senadora nacional Ada Iturrez y jefe comunal de Ojo de Agua hasta el 2014. En el expediente consta que más del 75% de los proyectos, que comprendían la erradicación de basurales a cielo abierto, la compra de camiones recolectores o la instalación de plantas de tratamiento, no fueron realizados o completados, a pesar de haber recibido los fondos del Ejecutivo. Aunque el exintendente de Loreto, Carlos Grigueli, no ha sido incluido, al menos por ahora, en el listado de procesados, lo cierto es que, durante su gestión, la “Capital del Rosquete” fue beneficiada con $7 millones de pesos -unos de $60 millones de hoy- para la construcción de una establecimiento para la gestión integral de residuos. “Se llegó a inaugurar en julio de 2013 e incluso estuvo presente el gobernador Zamora durante el acto protocolar, pero por motivos que aún no están claros, nunca se puso en funcionamiento y hoy es un peligroso basural a cielo abierto” explicó Belen Pinto, concejal de Cambiemos en Loreto. La moderna planta, cuya ejecución estuvo a cargo de la empresa WSK SRL, estaba pensada para el tratamiento de 30 toneladas por día de capacidad más un relleno sanitario que permitiría la gestión de los residuos generados no sólo en el municipio de Loreto sino también en Árraga, Laprida y Nueva Francia, beneficiando a unas 30.000 personas. “Vamos a impulsar las medidas pertinentes no sólo para que se investigue sobre el destino de los fondos que llegaron a Loreto y los motivos por los que se abandonó la planta, sino también para que el basural sea erradicado lo antes posible” dijo la edil recientemente electa. “Son aproximadamente cincuenta familias que viven expuestas a riesgo sanitario en el Barrio Emergencia, donde se instaló la malograda planta, y ni hablar del peligro que representa para los niños del jardín municipal que inexplicablemente se construyó en las inmediaciones del basural” informó Pinto.
Fuente: Visión Santiagueña
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