La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad expuso en el Senado de la Nación sobre la Reforma Judicial y Perspectiva de Género.
Al inicio de su intervención, Gómez Alcorta aseguró que “hay un diagnóstico común, en términos colectivos, comunitarios sobre déficits variados sobre el funcionamiento de la administración de justicia en general y en particular de la justicia federal entendiendo que hoy está brindando respuestas de baja calidad y un desempeño con poca transparencia, con poca independencia, con lentitud a ene el momento de resolver los conflictos”. También señaló que existe una enorme falta de credibilidad y falta de confianza de la actuación de la administración de justicia. En ese contexto citó el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA, de mayo de 2019 según el cual nueve de cada diez ciudadanas y ciudadanos afirman que la mayoría de los jueces no son imparciales. “Hay una credibilidad muy escasa que llega al 7% de la población argentina”, detalló.
La ministra aseguró que “se requiere repensar las estructuras, no solamente la organización judicial sino las prácticas judiciales. Se trata de una deuda de la democracia que con este descrédito se ha agravado, sobre todo en los últimos años, a partir de una serie de episodios que son comunes a todos respecto de ciertos vínculos promiscuos del Poder Judicial federal, centralmente de la Ciudad de Buenos Aires, con servicios de inteligencia, con poder político, que no son nuevos. Basta recordar la sin intervenciones de ese mismo fuero en el atentado a la AMIA y los resultados que tenemos al día de hoy”.
Luego de detallar algunos puntos de la reforma vinculados con la selección de magistrados y magistradas, la ministra aseguró que “la composición actual de los organismos de justicia dan cuenta que los procesos de selección de magistrados, magistradas y autoridades están fuertemente sesgados en función del género y no permiten el acceso a los cargos en igualdad de condiciones. Tampoco consideran la formación y perspectiva de género en sus candidatos y sus candidatas, lo cual se ve luego reflejado en sentencias que desconocen manifiestamente los derechos fundamentales de las mujeres y de las diversidades”, expresó. En ese contexto destacó la importancia de fijar mecanismos para suplir esas falencias mediante una norma con jerarquía legal.
“Los datos de 2019 de la Oficina Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación muestran una fuerte disparidad en la participación de las mujeres en el sistema de administración de justicia. Sabemos que el 56% de quienes integran el Poder Judicial son mujeres. Sin embargo, se concentran sobre todo en los escalafones inferiores e intermedios y a medida que se asciende en la pirámide se ve reducida esa participación.. Lo mismo sucede cuando vamos a los números de la Procuración General de la Nación o de la Defensoría General de la Nación”, señaló Gómez Alcorta.
Y agregó: “A esta segregación vertical se le tiene que sumar, cuando se hace un análisis cualitativo, cuando se va a ver por fuero, como también existe una segregación conocida como horizontal. Cuando se dan los datos generales del Poder Judicial de la Nación que incluye los números de los magistrados y magistradas de la justicia ordinaria de la Capital Federal, pero cuando uno hace el trabajo específicamente de la Justicia Federal, como lo hicimos desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros.y Diversidad, vemos que los juzgados federales de todo el país, incluyendo los de la Ciudad de Buenos Aires, tiene como titulares el 79% varones y el 21% mujeres. En los los Tribunales Orales Federales, el 79,2% titulares varones y un 20,8% por mujeres; en las Cámaras Federales es un poco mejor, cuando vamos a los Defensores Oficiales estamos en el rango del 70 y del 29 y cuando vamos a la Fiscalía tenemos un 79,8% de varones y el 20,2% mujeres”.
Para dar cuenta de la disparidad en el acceso a espacios de poder dentro de la estructura judicial, Gómez Alcorta dio además algunos ejemplos que tomó como paradigmáticos y detalló que en la Cámara Federal de La Plata hay 20 jueces varones federales y ninguna sola jueza mujer. En Salta hay 11 fiscales varones y ninguna mujer.
“La información estadística demuestra la existencia de barreras institucionales y culturales que dificultan la participación de las mujeres en los espacios de mayor jerarquía y de toma de decisiones”, afirmó. Y explicó: “Existen múltiples razones que explican las diferentes trayectorias profesionales de varones y mujeres. Por un lado, los estereotipos de género que impregnan las culturas institucionales, como la organización judicial. Se entiende que hay algunas tareas son considerados más “apropiados” para varones que para mujeres, claramente la penal ha sido asociada como una tarea masculinizada. No puedo dejar de mencionar que, igual que en cualquier otra actividad, la inequitativa distribución de las tareas de cuidado tiene un impacto central en estas biografías”, señaló.
Para la ministra, “para revertir estos patrones, es fundamental el diseño de políticas institucionales para la igualdad de género que apunten a la inclusión de las mujeres y a la población LGTBI+. Para esta población particular se deben promover condiciones para su ingreso y su permanencia, aunque no forma parte del proyecto pero es casi nula su participación”.
Gómez Alcorta aseguró que el Estado nacional tiene la obligación de promover la igualdad entre varones y mujeres en el acceso a los cargos de la función pública. “Sabemos que no alcanza con la incorporación de las mujeres para la inclusión de la perspectiva de género, pero es uno de los mecanismos. Otro sin lugar a dudas es la Ley Micaela y, por otro lado, la valoración de la perspectiva de género respecto de los concursos es otra de las herramientas centrales que deben ser utilizadas”, sostuvo.
“Para finalizar, sabemos que deben transformar algunos aspectos estructurales que sostienen al sistema de justicia actual, el cual no solo es ineficaz para atender y dar respuestas a necesidades específicas a grupos históricamente oprimidos, sino que a la vez, reproduce la violencia, la discriminación, a través de prácticas burocráticas y una cultura institucional androcéntrica. Estamos convencidas de que en la Constitución y en la estructuración del poder judicial, como las prácticas judiciales que de ellas se derivan, se pone en tensión hoy más que nunca la disputa entre una democracia formal y una democracia sustantiva. En este sentido la permanencia de las agencias judiciales tal como se encuentran concebidas en la actualidad nos aseguran una vida en democracia de muy baja intensidad para quienes deseamos construir democracias de calidad que nos permitan efectivamente ampliar derechos y resistir los embates de los grandes de las elites políticas y económicas. Creemos que este es un debate urgente y celebramos que se esté dando en este marco democrático y en este lugar que es ni más ni menos que el Congreso de la Nación", concluyó.
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