Los 14 directivos de la agroexportadora Vicentin imputados por estafas no podrán salir del país y seis de ellos deberán fijar un seguro de caución por U$S 10 millones para continuar en libertad, resolvió este jueves el juez penal de Rosario, Román Lanzón.
De esta forma, el magistrado rechazó el planteo de prisión preventiva solicitado por el fiscal Miguel Moreno para los ejecutivos Omar Scarel, Roberto Gazze, Alberto Macua, Miguel Vallaza y Javier Gazze, todos de la firma agroexportadora, al tiempo que le fijó una caución de 10U$S millones y el cumplimiento de una serie de medidas de conductas hasta que el caso vaya a juicio.
El fiscal Moreno, que el pasado martes acusó a los ejecutivos por balance falso y estafas por unos U$S600 millones, sostuvo tras la audiencia de este jueves en la que se debatieron las medidas cautelares: “Nosotros creíamos que era procedente la prisión preventiva, y ahora vamos a evaluar si apelamos o no”.
Si bien rechazó la prisión solicitada por el fiscal, el juez estableció que los 14 acusados deberán fijar domicilio, y les dictó la prohibición de salir del país y les ordenó entregar a la Fiscalía de sus pasaportes. Moreno también había solicitada la prisión domiciliaria con tobillera electrónica para Daniel Néstor Buyatti, ex presidente del directorio de Vicentin, medida que fue rechazada por el juez.
A la vez, Lanzón dio por formalizada la acusación presentada el martes pasado por el fiscal, que imputó por más de una decena de estafas a quienes fueron miembro del directorio de la cerealera concursada hasta el 15 de octubre del año pasado, cuando renunciaron con el fin de generar “confianza” en los acreedores de la compañía.
En concreto, el fiscal sostuvo que existió “un ardid” por parte de la conducción de la compañía que consistió en introducir información falsa en los balances para mostrar “una aparente sólida situación patrimonial de la empresa Vicentin SAIC, con el fin de ocultar su realidad económica financiera”.
Entre los damnificados por esas presuntas maniobras de estafa hay un grupo de clientes de la agroexportadora que le entregó granos bajo la modalidad de “precio a fijar”, pero que no pudieron cobrarlos por la cesación de pagos de la compañía en diciembre de ese año.
También un pool de bancos internacionales que otorgó préstamos a Vicentin para prefinanciar exportaciones, convencidos de la solidez patrimonial de la firma.
Fuente: Télam
La Cámara de Diputados aprobó esta mañana por unanimidad y giró al Senado un proyecto de ley que busca aliviar las deudas tributarias que tienen entidades sin fines de lucro, como bomberos voluntarios, clubes de barrios, fundaciones, organizaciones comunitarias y micro empresas (mipymes).
