“Reiteramos la invitación a un diálogo de buena fe, sobre la base del respeto a las instituciones, y convocamos nuevamente al Señor Jefe de Gobierno a una reunión preliminar a celebrarse el lunes 4 de enero del 2021 a las 15 horas en el Salón de los Escudos”, indica la carta que fue enviada por los ministros de Interior y Economía, Eduardo “Wado” De Pedro y Martín Guzmán respectivamente. Y agregan como fechas alternativas “los días 6, 7 u 8 de enero del corriente año en idéntico horario y locación”.
“Entendemos que no hay mayor estándar de legalidad e institucionalidad que convocar a una reunión formal en el marco de una ley que no sólo ha sido debatida y sancionada como demanda la Constitución Nacional, sino que ajusta el proceso de transferencia a los requisitos que esta última establece en su artículo 75 inciso 2° quinto párrafo, diferenciando los recursos que corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dicho concepto de aquellos previstos en el artículo 8° de la Ley N° 23.548, postura que fue apoyada por los gobernadores y las gobernadoras de las VEINTITRES (23) provincias al momento de la suscripción del Consenso Fiscal, el pasado 4 de diciembre de 2020″, indicaron en la nota.
En ese sentido, también marcaron que “sin perjuicio de desconocer por falaces los argumentos vertidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la misiva de referencia, quienes suscriben en representación de los Ministerios de Economía y del Interior de la Nación ratifican la voluntad del Gobierno nacional de trabajar en conjunto con todas las provincias del país y la Ciudad de Buenos Aires sobre la base del diálogo y la responsabilidad”.
Ayer Rodríguez Larreta adelantó que bajo ningún punto de vista retirará la denuncia por inconstitucionalidad que presentó el lunes pasado ante la Corte Suprema en contra de la ley 27.606, que le quita a la administración porteña un 1,18% del dinero que recibe de parte del Estado nacional, que pasará del 3,5% de coparticipación, a un 2,32%. La ley aprobada en el Congreso por el Frente de Todos y sus aliados establece que, por el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, la gestión porteña recibirá anualmente $24.500 millones, en 12 cuotas mensuales.
La denuncia presentada por Rodríguez Larreta, a la cual tuvo acceso Infobae, principalmente plantea que la ley impulsada por el gobierno de Alberto Fernández es inconstitucional debido a que “viola el carácter convencional o concertado” que debe regir tanto la transferencia de facultades y funciones de seguridad, como el coeficiente de coparticipación que corresponde a esta Ciudad.
Según señalan, ambas cuestiones “ya habían quedado firmes y consentidas con anterioridad” y, por lo tanto, la nueva ley “afecta derechos adquiridos de la Ciudad de Buenos Aires”.
En tanto, el bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña calificó de “inexplicable” la posición del jefe de Gobierno porteño de rechazar la convocatoria del Gobierno nacional para acordar el monto que tendrá este año el distrito para financiar la Policía Metropolitana.
“El Jefe de Gobierno insiste en transformar un tema estrictamente institucional -ordenar definitivamente el marco de la transferencia de la Policía Federal efectuada en 2016 de forma defectuosa por Mauricio Macri- en un conflicto político”, señaló la bancada opositora en un documento publicado este domingo.
Rodríguez Larreta comunicó el sábado en una carta su decisión de no asistir a la reunión convocada por el Ejecutivo nacional para comenzar a tratar del traspaso de la policía al distrito capitalino, al señalar que planteó ante la Corte Suprema “la inconstitucionalidad” de la norma sancionada por el Congreso.
El bloque porteño del Frente de Todos expresó “su más profunda preocupación, frente al inexplicable rechazo efectuado por el Ejecutivo Porteño a la convocatoria al diálogo llevada adelante por el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la Ley 27.606”.
También agregaron que esa decisión de Rodríguez Larreta “nos impide a los porteños y porteñas alcanzar un acuerdo permanente y con fuerza de ley, que defina las partidas presupuestarias correspondientes a dicha transferencia, conforme lo previsto por el artículo 75 inciso 2 párrafo 5 de la Constitución Nacional”.
En el comunicado indicaron que “no resulta fundamento válido para el rechazo al diálogo, la judicialización llevada adelante por el Gobierno de la Ciudad, dado que -en modo alguno- ha existido condicionamiento para dicha convocatoria, ni implica renuncia alguna a la acción judicial”.
En ese sentido, puntualizaron: “Instamos a las autoridades a que cumplan con una Ley del Congreso que busca, ni más ni menos, que darle seguridad jurídica a futuro, a una cuestión que el Gobierno anterior resolvió mediante decreto y sin ningún tipo de análisis serio en materia de partidas presupuestarias”.
“El rechazo al diálogo nunca es una opción, menos aún cuando se trata, ni más ni menos, que de lograr un acuerdo sobre números que están sobre la mesa y que sólo hay que analizar”, sostuvieron, mientras que en el final le pidieron a Rodríguez Larreta que “revise esta decisión incomprensible y vuelva al camino de la racionalidad y el diálogo democrático”.
Fuente: Infobae
No hay comentarios.:
Publicar un comentario