Al respecto de lo que viene ocurriendo desde el inicio del conflicto con la RAM Asseff dijo que “el gobierno es cómplice de una situación de desestabilización social y falta de normalidad en la vida cotidiana en la Patagonia norte, donde se ha puesto en cuestión -literalmente- el derecho de propiedad”. El titular del partido UNIR lamentó que “habitantes que viven allí desde hace 120 o 150 años ahora sufren una situación irregular y no son defendidos por el gobierno nacional”.}
Y continuó diciendo el Diputado de JxC que dicha situación ocurre porque “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas está dirigido por (la ex Senadora Nacional) Magdalena Odarda, que hace unos cuatro o cinco años atrás dijo literalmente que ‘teniendo tanto territorio nuestro país, ¿que costaba darles soberanía a los mapuches?’. Esto significaría crear un estado soberano dentro de la soberanía de nuestro país; una locura que no ocurre en ningún lugar del planeta”. “Odarda alienta un proceso ostensiblemente separatista de un grupo minoritario que nada tiene que ver con la población originaria que convive pacíficamente con el resto de la población. Por eso la denuncié frente a la Justicia Federal, por instigar al delito. Denuncia que está en curso”.
Luego agregó que “han sufrido usurpaciones los parques nacionales, además de otros terrenos que son del interés común para todos los argentinos. Las usurpaciones no son sólo sobre la propiedad privada, sino sobre bienes de todos los argentinos. Por eso es que es algo que debe preocuparnos a todos. No sólo a un grupo de propietarios”.
Estado ineficiente para responder
Asseff explicó que “del otro lado de la cordillera se vive un proceso similar, pero la respuesta es completamente distinta. Mientras que aquí el Presidente le dijo a la Gobernadora Arabela Carreras que el problema no era competencia del gobierno nacional, en Chile hubo una respuesta militar. Fernández debe leer la Constitución y revisar todo lo que aprendió –si es que aprendió algo- porque si hay algo que es competencia del gobierno nacional es garantizar la paz interior”.
Consultado sobre la actuación de Bielsa en el caso Jones Huala, Asseff recordó que “cuestioné duramente esa intervención del embajador Bielsa. Le cuento que ningún embajador argentino está obligado a comparecer en audiencia en defensa de un compatriota que fuera enjuiciado procesado o llamado a declarar a una indagatoria. Si está obligado el país a través del servicio consular a prestar asistencia a los compatriotas, incluso quien ha delinquido porque es un derecho. Pero esa defensa se asiste con un consejo, poniéndole un abogado”.
“En el caso de Huala existe el agravante de que se defendió a un individuo que ha declarado públicamente que él no se siente argentino, que no acata las leyes argentinas, ni respeta nuestra bandera, ni cantaría el himno nacional. Entonces este señor no merece ningún respeto ni ninguna asistencia por parte de la embajada argentina”. Cerró Asseff.
Chubut, minería y después
Consultado sobre los hechos ocurridos recientemente en la provincia de Chubut al respecto de la industria minera Asseff se mostró indignado por la pasividad con la actúo la Cámara de Diputados para repudiar los hechos violentos ocurridos, e incluso hubo manifestaciones a favor. “Ni el presidente de la Cámara de Diputados ni las autoridades, incluso ni las autoridades de mi propio bloque, protestaron ante discursos escuchados por parte de Diputados ideologizados en extremo que homenajearon al pueblo del Chubut por la violencia callejera contra la minería y en ningún momento condenaron la violencia”. Al respecto, Asseff reflexionó “¿para que pagamos tanta parafernalia burocrática, altísimamente remuneradas, si después cuando tenemos que reclamar lo hacemos con bombas molotov?”.
“No existe ninguna causa -la más justa que sea- que justifique la violencia. Le recuerdo que se ha llegado a incendiar el diario El Chubut, con sus periodistas adentro, poniéndolos en riesgo. Eso no es luchar por el medio ambiente, es simplemente violencia.”
Y cerró diciendo que “el gobernador ha llamado a un plebiscito vinculante sobre si el pueblo quiere minería en la meseta patagónica, donde va a haber trabajo y se han comprometido a no emplear cianuro, donde va a haber tratamiento de las aguas y todas las prevenciones ambientales que corresponden en el pacto entre el progreso y el ambiente. No debe ser el ambiente contra el progreso ni el progreso contra el medio ambiente, sino que debe haber un equilibrio entre ambos”.
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