El nuevo gobierno peruano le pidió al presidente Alberto Fernández y a otros mandatarios de la región que “respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú”, sumido en una grave crisis que derivó en enfrentamientos en varios puntos del sur del país.
Lo hizo a través de una nota oficial de la Cancillería peruana en respuesta al comunicado conjunto que pidió restablecer en el cargo a Pedro Castillo firmado por el mandatario y sus colegas de México, Andrés Manuel López Obrador; de Colombia, Gustavo Petro, y de Bolivia, Luis Arce.
Al menos siete personas murieron desde el domingo en Perú tras la destitución de Castillo en enfrentamientos entre simpatizantes del expresidente y las fuerzas de seguridad.
La nota de la Cancillería peruana dijo que “las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre, su decisión de disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas, constituyen un golpe de Estado”.
Afirmó que estas medidas “generaron, por esa razón, la decisión del Congreso de la República de declarar su vacancia en el marco del más estricto respeto a la Constitución Política del Perú, con el voto multipartidario de 101 congresistas, el voto contrario de solo 6 de ellos y 10 abstenciones”.
En esa línea, recordó que “de acuerdo a lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política del Perú, la Vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República”.
Además, señaló que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció, en su comunicado del 8 de diciembre, “la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional” y reafirmó “que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho”.
“Atendiendo el consenso existente en el Perú, la Presidenta Boluarte ha presentado un proyecto de Ley al Congreso de la República para adelantar las elecciones generales, solicitando que se celebren en abril de 2024?, indicó.
La nota también remarcó que “el Gobierno del Perú reafirma su convicción en la importancia de que se cumplan con las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana, y que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú”.
“El Gobierno del Perú reitera su más firme compromiso con el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas en su territorio, incluyendo los del expresidente Castillo, y persistirá en resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el país”, concluyó.
La nota oficial de la Cancillería peruana fue en respuesta a una nota conjunta emitida el lunes por la noche por Argentina, México, Colombia y Perú.
Ese comunicado conjunto pidió restituir a Castillo como presidente del Perú. “Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, sostuvo el comunicado difundido por la presidencia mexicana y la Cancillería argentina.
La nota afirmó que “los gobiernos de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú”.
Además, manifestó que “para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de Costa Rica, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención”.
“Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, indicó la nota.
Por último, el comunicado solicitó a las autoridades peruanas que “respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado”.
Fuente: Contexto - TN
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