El próximo lunes 23 de agosto los transportistas convocan a una Movilización y Acampe Nacional por la actualización del valor nomenclador en Plaza de Mayo como medida de fuerza ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional.
La Unión de Transportistas de la República Argentina (UTRA) que reúne cerca de 300 camionetas en el AMBA y 5000 a nivel país (transportan aproximadamente a 160.000 personas) vienen reclamando hace 2 años y exigen un aumento de un 185 % del valor nomenclador, el pago de la deuda desde 2019 hasta 2021, la extensión de plazos a la provincia y que se elimine la facturación por asociaciones.
Esta situación se agravó durante la cuarentena por COVID-19 en el 2020, se llevaron adelante 17 marchas y jornadas de protesta a nivel nacional tal como Córdoba, Mendoza, Santa Fé, entre otras provincias. En junio de 2020 se pidió una reunión con el presidente Alberto Fernández como la máxima autoridad, ya que reuniones con los diversos organismos tales como el director Claudio Espósito de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), PAMI o Incluir Salud quedaron en stand-bye. Dicho director de la ANDIS, fue reemplazado tras la renuncia de Espósito, por el Lic. Fernando Galarraga, que es el responsable de “NO coordinar a los Entes Financiadores “y obligar “al Estado a garantizar los derechos adquiridos de los y las transportistas para personas con discapacidad”
Luego de agotar todas las instancias de reclamos realizaron un acampe de 19 días en noviembre de 2020 frente a la Quinta Presidencial de Olivos, con la reiteración de un pedido de Audiencia Urgente con el presidente, sin respuestas favorables, tan sólo un aumento del 10 % conseguido en diciembre y cobrado en marzo 2021 “con viento a favor”.
Daniel Masuzzo, presidente de la Unión de Transportistas de Buenos Aires (UTBA) explica “que a los reclamos económicos le sumamos cuestiones administrativas burocráticas cómo agrupar en asociaciones al transporte “y ejemplifica con “la disolución del programa Incluir Salud que exigen que se facture directo a la provincia de Buenos Aires y para ello imponen requisitos leoninos para cobrar cuando recién están pagando por servicios prestados en 2019 y a valores devaluados”.
Asimismo, relata que PAMI durante la pandemia pagó solamente “lo efectivo trabajado o sea que pagó menos de la mitad de la prestación autorizada, siendo inviable, PAMI es un desastre”, categoriza Masuzzo.
En abril de 2021 se encadenaron frente a la Casa Rosada previo a un acampe bloqueado por las fuerzas de seguridad y debido a ello, se pactó un aumento del 34 % escalonado que se cobrará recién en marzo del 2022, “generando un impacto directo desestructurador y de desinversión del sector”.
Servicio de transporte imprescindible
Los transportistas brindan servicio a personas con discapacidad, de bajos de recursos, de obras sociales públicas como privadas y programas federales: a rehabilitación, centros de día, hospitales, escuelas, terapias, etc., y en la medida que las actividades se reinicien en la postpandemia es preciso actualizar los valores que deberían rondar en un 300 % para alcanzar valores reales.
El funcionamiento de un transporte precisa de: un chofer, una celadora, contar con vehículos adaptados, habilitados y asegurados, el costo del combustible y el mantenimiento. El Estado para todo este combo está pagando actualmente el valor de 4 caramelos por kilómetro, o sea 39 pesos el kilómetro (antes 28 pesos) cuando el litro de nafta está en 115 pesos y un dólar a 180 pesos.
Por ello, en esta ocasión se acampará en Plaza de Mayo hasta obtener una reunión con el presidente Alberto Fernández ya que “el sector necesita respuestas claras y efectivas porque sin el aumento del nomenclador es inasequible el servicio”.
Por Alejandra Passarelli
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