Dos diputadas kirchneristas, una de Salta y otra de Tierra del Fuego, presentaron en los últimos días un proyecto de ley que tiene como principal objetivo expulsar a los representantes de los productores rurales de la conducción del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Esta ofensiva se produce luego de que se produjeran un par de intentos para expropiar tierras de ese organismo tecnológico, también protagonizados por legisladores del oficialismo.
La ofensiva del kirchnerismo es tan burda que incluso arrasaría con las dos sillas que agrónomos y veterinarios tienen en el Consejo Directivo del INTA, en representación de las universidades nacionales. A los profesionales del agro se les reservaría simplemente un papel como asesores.
Desde hace décadas que dirigentes de la Mesa de Enlace y de los grupos CREA participan en una conducción mixta del Consejo Directivo del INTA, que es el máximo nivel ejecutivo de este instituto. En los últimos meses, sectores sindicales y de organizaciones campesinas alineadas con el gobierno plantearon que esa representación debería ser ampliada a otras expresiones del agro. Pero siempre hablando de nuevos representantes de las actividades productivas en la conducción, no cercenando esa participación.
Ahora un proyecto firmado por dos diputadas del Frente de Todos (FdT), la fueguina Mabel Caparrós y la salteña Alcira Figueroa (que reemplazó al tristemente célebre diputado del teta-gate), plantea un escenario completamente diferente: Se pretende erradicar toda presencia de los productores -cualquiera sea su agremiación- y de los profesionales del agro de la conducción ejecutiva del INTA, que quedaría solamente en manos de funcionarios.
Según esta iniciativa, presentada el pasado 13 de agosto, el Consejo Directivo de INTA deberá estar integrado por 8 personas (dos menos que en la actualidad), pero sin representantes de las entidades rurales, ni de AACREA, ni de las Universidades públicas.
La iniciativa propone que el presidente y el vicepresidente sean nombrados por el Poder Ejecutivo, y que los seis vocales titulares que los acompañen representen al Ministerio de Agricultura, al Senasa, al Ministerio de Ambiente, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y que haya dos vocales en representación de las provincias.
Es decir, todos representantes del sector público. Ninguno del sector privado o del sector académico.
El proyecto de las dos diputadas kirchneristas propone modificar también el artículo 6 del Decreto-Ley 21.680,dictado por el gobierno militar de 1961, para definir que la nueva conducción del organismo se componga en mitades iguales entre mujeres y varones. “El Directorio deberá conformarse con paridad de género”, define. Y agrega que “La persona presidente y vicepresidente no podrán pertenecer al mismo género”.
Eso es algo que sucede ahora, ya que la presidente del INTA es una técnica llamada Susana Mirassou y el vicepresidente un ingeniero forestal llamado Tomás Schlichter, ambos designados por el Poder Ejecutivo.
Pero lo que cambiaría por completo si esto prospera es el resto de los vocales que integran el Consejo Directivo. Actualmente son ocho, en representación del Ministerio de Agricultura, de las Facultades de Ciencias Agrarias, de las Facultades de Ciencias Veterinarias, de AACREA, de Coninagro, de CRA, de Federación Agraria y de Sociedad Rural Argentina.
En esta iniciativa, la participación de los sectores productivos en la conducción, según se dispone en el artículo 2°, quedará reducida a un Consejo Asesor. Allí sí se respeta la participación de dos representantes de las carreras afines, pero se pulveriza la representatividad de los productores organizados en las entidades gremiales de la Mesa de Enlace y de AACREA. Se define solo que habrá “un representante de las cooperativas de productores; un representante de las asociaciones de productores; y dos representantes de las organizaciones de agricultores familiares”.
Desde el regreso del Frente de Todos al gobierno, una queja recurrente -aunque siempre en voz baja- de las autoridades del INTA es que no se logran aprobar ciertas normas en el seno del Consejo Directivo de la Institución por la paridad de fuerzas que existen entre los vocales que provienen del Poder Ejecutivo y los que representan a la comunidad productiva.
Los consejeros provenientes de las entidades agropecuarias, por otro lado, han sido claves para mostrar alguna resistencia a iniciativas de legisladores del kirchnerismo (aunque también hubo alguna del macrismo) para expropiar tierras del INTA en diferentes provincias. Un caso ha sido el de Salta, donde se planteaba quietarle más de 500 hectáreas a la experimental de Cerillos. En otra iniciativa que recibió media sanción en el Senado, otro legislador oficialista plantea que un campo experimental del INTA de Catamarca pase a manos de la provincia.
Si este proyecto del Frente de Todos llegara a prosperar, aquella resistencia de los privados quedaría deshecha, pues se establece que el nuevo Directorio del INTA -en manos de funcionarios y sin representantes de los privados-, podría funcionar con un quórum de seis miembros y que “las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros presentes”. Además, en caso de empate, podrá desempatar el presidente.
En los considerandos de su iniciativa, las diputadas Figueroa y Caparrós argumentan que es necesario integrar a representantes de la denominada “agricultura familiar” a la vida institucional del organismo, aunque en los hechos la excluyan de la conducción del INTA y le reserven una participación en el consejo asesor.
Para justificar la incorporación de miembros de organizaciones campesinas, las legisladoras incluso cometen algún exabrupto al definir que “actualmente la agricultura familiar comprende a dos millones de productores y productoras”, cuando el último Censo Nacional Agropecuario de 2018 reconoce solamente la existencia de 250 mil establecimientos agropecuarios de todo tamaño en todo el país.
En tanto, para justificar la exclusión de los ruralistas tradicionales del agro e incluir a funcionarios de sectores alineados hoy con el oficialismo, el proyecto afirma solamente que “la composición del Consejo Directivo del INTA se encuentra en falta”.
Y se explica que “ni las provincias ni el Ministerio de Ambiente se encuentran representados. Tampoco lo están los intereses de los pueblos originarios, a los cuales la Constitución Nacional reconoce preexistencia y llama a garantizar su participación en la gestión de los recursos naturales y de los intereses que los afectan”.
Fuente: bichosdecampo.com
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