Por iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), la ministra Elizabeth Gómez Alcorta en conjunto con Diputadxs y Senadorxs de la Nación, este jueves 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, anunciarán que trabajarán en conjunto para una reforma integral de la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” a través de un proceso participativo y federal.
La propuesta busca poner en discusión nuevos tipos y modalidades de violencias de género, incorporar la perspectiva de diversidad, brindar herramientas para el abordaje de las violencias en un nuevo contexto institucional y fortalecer el rol de las provincias, municipios y organizaciones sociales territoriales, entre otras cuestiones fundamentales para consolidar un modelo integral de política de Estado hacia las violencias por motivos de género.
La necesidad de actualizar y revisar los temas que aborda la Ley 26.485 pone en perspectiva la realidad dinámica de la sociedad en la que vivimos. La visibilización de las violencias de género, y la forma en que impactan en las trayectorias de vida de mujeres y LGBTI+, nos ofrece hoy una visión mucho más profunda de la problemática y sus diferentes dimensiones.
Contar con leyes innovadoras y sensibles a los cambios que se producen en la vida de las personas, normas que reconocen las desigualdades y cómo se actualizan en distintos ámbitos, es vital para tener herramientas legislativas efectivas, que den respuestas concretas cuando se busca resguardar y garantizar derechos tan esenciales como vivir una vida libre de violencias.
Con este objetivo, la iniciativa impulsa un proceso participativo, político y territorial liderado por representantes de ambas cámaras, en articulación con el MMGyD, que construya los principales lineamientos para una nueva ley. El proceso implicará la organización de foros territoriales de consulta participativa en todas las provincias del país y la creación de mesas de trabajo con especialistas que dialoguen sobre las reformas normativas necesarias en materia de violencias por motivos de género, violencia económica por motivos de género, acceso al hábitat, acceso al trabajo, entre otros. Los debates y la información reunida en estos espacios de trabajo serán el insumo fundamental para la redacción del proyecto de ley que se presentará el 25 de noviembre del próximo año.
Además de impulsar modificaciones en la ley actual que busquen contemplar otras identidades, incorporar la perspectiva interseccional, promover la multiagencialidad y transversalidad de las políticas de género, y afianzar el paradigma de abordaje integral de las violencias, este proceso asume nuevos desafíos. En principio, permitirá abrir el debate para confirmar o hacer cambios en la actual definición y clasificación de los tipos y modalidades de violencia y evaluar qué posibilidades brinda la ley para sustentar las políticas públicas que abordan las violencias de género. Por otro lado, se propone evaluar si existen tipos de violencia específicos ejercidos contra la población LGBTI+ en razón de su identidad de género.
📌 Foros Participativos y Federales hacia la Reforma Integral de la Ley 26.485
▶️ Se realizarán las convocatorias a través del MMGyD en conjunto con la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación y la Comisión Banca de la Mujer del Senado de la Nación.
▶️ Se convocarán encuentros regionales en las sedes de distintas Universidades Nacionales y otros espacios de la comunidad para debatir y compartir miradas acerca de los lineamientos y ejes estratégicos que se proponen, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita.
▶️ Se invitará a participar a actores institucionales, actores comunitarios, organizaciones y público en general a exponer propuestas sobre cada uno de los ejes que se aborden.
▶️ La construcción colectiva de la propuesta de Reforma Integral se realizará en un tiempo no menor a seis meses. Luego se establecerá un plazo de tres meses para la redacción del proyecto de ley.
📌 Mesas de trabajo
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