Desde hace 11 días los transportistas de personas con discapacidad están acampando frente a la Casa Rosada esperando una audiencia con el presidente Alberto Fernández.
Según la Unión de Transportistas de la República Argentina (UTRA) en su comunicado expresaron que les exigieron el levantamiento del acampe como condición para un posible diálogo con el director ejecutivo Fernando Galarraga.
Santiago, de Moreno expresó que “no solo los transportistas reclamamos por nuestra fuente de trabajo sino por los destinatarios principales y finales de nuestra prestación”. Y explica que con “el valor de 39 pesos el kilómetro, un chico a 10 cuadras no concurre a un centro cercano a su domicilio, sino que por ejemplo cuenta con un transporte de Moreno a Laferrere que es más conveniente por la tarifa, en consecuencia, el chico no va a un centro cercano, viaja dos horas ida y dos vueltas para ir a otra localidad y muchas veces dejan de concurrir a su rehabilitación, porque no cuenta con transporte y porque su familia no puede pagar un remise”. De estos casos “abundan”.
Como una problemática que vienen sufriendo las familias. “Los padres dejan de pelear por los derechos de sus hijos, pierden la posibilidad de ir a una institución, porque tal vez si tiene IOMA o Incluir Salud o cierta patología no te admiten o estar en una institución, pero no contar con transporte y no poder llegar, es entonces la propia institución que lo elimina y nosotros como transportistas los dejarnos de ver”, relata Daniel Masuzzo, presidente de UTRA. Y lamenta que “nosotros no podemos pelear por esa persona y ese papá o mamá que ya están agotados, hay padres separados, etc.… y el chico queda en la clandestinidad del exilio, sin la posibilidad de ir a un centro, sabemos del arduo esfuerzo de esos padres que, aunque presentando una montaña de documentación quedan en general condenados a un exilio forzado”.
Esta prestación está amparada por la ley 24901 que permite abordar otras prestaciones: preventivas, rehabilitación, terapéuticas, educativas y asistenciales. Y en su art. 13 establece el DERECHO a ser transportado (si no puede la persona con discapacidad utilizar por si mismo el sistema público de transporte).
Políticas de “inclusión”
Existen diversos estudios que el aislamiento obligatorio que implicó la Pandemia Covid-19, generó en las personas con discapacidad mayor reclusión por las ASPO y por su vulnerabilidad clínica-médica. Pero si se le suman estrategias necropolíticas para cancelar vidas, cómo sería eliminar el acceso en el transporte, dista lejanamente de ser una política inclusiva y muestra una imposibilidad de ponerse en el lugar del otro, del “disca”.
A pesar de que el director ejecutivo de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) Fernando Galarraga, señaló en una nota a Página 12 que "nuestro objetivo es que nunca más el Estado sea utilizado para quitarle derechos a las personas con discapacidad”, refiriéndose a las pensiones no contributivas, pero excluyendo el resto de los derechos de este grupo vulnerable, convertido en” cuerpos despojados de toda humanidad y resguardo jurídico o social”
Por Alejandra Passarelli
Nota: Galarraga se convirtió en la primera persona con discapacidad en ser la máxima autoridad del ANDIS.
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