La jueza los denunció en la Justicia porque le impiden investigar narcos en el penal de Devoto. Sostuvo que le deba “vergüenza” la inacción de los funcionarios.
En una nota de la periodista Lucía Salinas para Clarín relata que la jueza Federal María Servini denunció penalmente al ministro de Justicia, Martín Soria, y a la directora del Servicio Penitenciario Federal, la dirigente de Justicia Legítima María Laura Garrigós de Rébori por obstruir el avance de una investigación de narcotráfico en el penal de Devoto y los acusó de actuar como "cómplices" de los delincuentes que manejan el negocio desde la cárcel.
La denuncia es durísima. Servini asegura que "solo se encontró con impedimentos" a la hora de avanzar en una investigación sobre el manejo de los narcos dentro de los penales federales que dependen de Garrigós de Rébori.La investigación que derivó en la denuncia contra los funcionarios arrancó en marzo del año pasado cuando la jueza pidió que el Departamento de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Federal realice “discretas tareas investigativas a fin de corroborar si en la cárcel de Devoto se estarían llevando a cabo maniobras de comercialización de estupefacientes”.
El planteo no tuvo ninguna respuesta. Recién el 23 de diciembre de 2021 la dependencia requerida informó que la investigación solicitada no había podido ser realizada y que excedía su competencia. Ante ese planteo, la magistrada le pidió el 29 de diciembre pasado a Garrigós que intervenga en la situación.
Pero la responsable del SPF recién se comunicó en febrero de este año de manera formal con el juzgado. En la nota remitida dijo que no en los penales no contaban con un departamento u organismo autorizado para realizar tareas de inteligencia en la cárcel de Devoto.
El Departamento de Inteligencia Penitenciaria fue disuelto por Garrigós de Rébori en junio de 2020. En el escrito a Servini la funcionaria K explicó que a la fecha "no se había creado una División que la suplantara o contara con las facultades legales y/o reglamentarias para dar cumplimiento a lo solicitado”.
Esta decisión la tomó el gobierno de Alberto Fernández después de denunciar a la gestión macrista por el presunto uso de ese departamento para realizar espionaje ilegal de empresarios, dirigentes y ex funcionarios K detenidos por corrupción.
La situación, coinciden jueces y fiscales, y lo dejó claro Servini, representa una complicación para investigar dentro de las cárceles muchas acciones que los líderes narcos y otros presidiarios realizan, coordinan y ejecutan desde los lugares de detención. El ministerio de Justicia, señalaron en Comodoro Py, “nunca dio ninguna respuesta y tampoco controla lo que pasa intramuros”.
Con ese telón de fondo, la jueza federal continuó reclamando algún camino para avanzar en la investigación ya que tenía datos de que en la cárcel de Devoto se estaba traficando droga. En marzo le envió una nota al ministro Soria pidiendo la designación de una persona ya que la justicia no tiene jurisdicción dentro del penal.
“Habré de destacar con vergüenza que a casi un año del inicio de las actuaciones y por inacción de las autoridades requeridas, la presente investigación se encuentra en el mismo estado que comenzara”, sostiene la denuncia a la que accedió Clarín.
Dicha circunstancia me permite concluir -continuó Servini- que, “sin perjuicio de los numerosos intentos por parte de esta sede de tratar de acreditar y corroborar los extremos denunciados, existió una clara obstrucción que deberá ser investigada y que, en definitiva, se ve reflejada tanto en la falta de celeridad para actuar, como así también en la publicidad que tomó esta investigación, que debió haber sido de carácter reservada”.
Por ese motivo la magistrada decidió denunciar al ministro Soria, a Garrigós y a las autoridades de la cárcel de Devoto. “Todos son cómplices, en este caso puntual, de las operaciones de comercialización de drogas al interior del penitenciario”, expresaron fuentes judiciales a Clarín.
En la denuncia se sostuvo que a la gravedad de esos hechos se sumó que “quien debía ser investigado, habría designado a la persona que en definitiva se encargaría de dicha tarea”, imposibilitando “cualquier pesquisa como la aquí intentada”.
¿Cómo lo corroboró el juzgado? Por la recepción de un correo anónimo de alguien que dice pertenecer al Servicio Penitenciario Federal, “no solo con perfecto conocimiento del objeto procesal de esta causa, sino también de la identidad de la persona que ahora llevaría adelante la tarea, demostrando en forma notoria que lo que debería ser una investigación de carácter reservada, resultaría de absoluto dominio público en el Servicio Penitenciario, no pudiendo más que augurar su consecuente fracaso”.
Por ese conjunto de hechos se denunció a Martín Soria, María Laura Garrigós y otras autoridades penitenciarias, “por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento”.
Fuente: Lucía Salinas - Clarín
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