El miércoles 13 de noviembre será un día clave para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando la Sala IV de la Cámara de Casación Penal se pronuncie sobre la ratificación de su condena a seis años de prisión. Ante el inminente fallo, el presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, Marcelo Puella, denunció una "persecución política" y calificó el proceso judicial como "una maniobra de la derecha" para excluir a la líder del peronismo de la escena electoral
Puella expresó con firmeza: “No pueden ganarle a Cristina en las urnas, entonces intentan eliminarla a través de la Justicia”. En diálogo con periodistas, el dirigente peronista cuestionó lo que considera una alianza entre sectores judiciales y medios de comunicación “que buscan minar la imagen y la trayectoria política de quien representa a gran parte del pueblo argentino”.
Según fuentes judiciales, el fallo de la Cámara de Casación podría confirmar que Fernández de Kirchner incurrió en irregularidades en negocios del Estado con el empresario Lázaro Báez, un proceso que el oficialismo y sectores de la oposición interpretan de distintas maneras. Sin embargo, la expresidenta ya ha decidido que apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia. “Vamos a llegar hasta el máximo tribunal. La condena no está firme y el pueblo saldrá a respaldar a Cristina Kirchner porque esta sentencia es un verdadero mamarracho jurídico”, declaró Puella.
Mientras la expectativa se centra en lo que los jueces de Casación decidan, Puella reiteró que Cristina no quedará presa de inmediato. “Según el nuevo Código Procesal Penal Federal, la sentencia solo se aplica cuando se hayan agotado todas las instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema, lo que podría demorar años”, explicó.
A nivel político, el debate gira también en torno a los posibles cambios en la Corte Suprema. Si el gobierno de turno lograra completar las vacantes en el tribunal con nuevos jueces, la composición del mismo podría incidir en el resultado final del caso. En medio de este contexto judicial, un proyecto de ley sobre la llamada "Ficha Limpia" —que busca prohibir candidaturas de personas con condenas judiciales firmes— ha generado preocupación en el entorno de la expresidenta, ya que de ser aprobada, pondría en riesgo sus aspiraciones políticas.
La decisión de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña se conocerá en una audiencia oral y pública en el edificio de Comodoro Py. Se espera un amplio operativo de seguridad en los tribunales y una clase pública convocada a las 9 de la mañana frente al edificio, organizada por sectores que buscan visibilizar el rechazo popular a la sentencia.
“La gente va a acompañar a Cristina porque saben que este proceso no es judicial, es político”, enfatizó Puella. A su juicio, el fallo que podría ratificar la condena de la expresidenta se escribió "hace semanas" y solo busca "debilitar la imagen de nuestra líder". "Ellos festejan antes de tiempo —añadió—, pero no podrán bajarla de la escena. El pueblo está del lado de Cristina y no permitirá que una justicia manipulada por el poder económico y político logre lo que no han conseguido en las urnas”.
Como conclusión, Puella dejó un mensaje desafiante: “Hagan política como corresponde, no de esta manera tan sucia”. En sus palabras, el dirigente resumió el sentimiento de frustración de un sector que observa esta condena como parte de un "lawfare" o guerra judicial, una estrategia que, según él, busca debilitar a figuras opositoras mediante causas judiciales en lugar de competir con ellas en los comicios.
“La persecución judicial y mediática a Cristina Kirchner es un intento desesperado de la derecha por excluirla de la competencia electoral, pero nuestra militancia no permitirá este atropello”, advirtió Puella, concluyendo con la convicción de que, pese a los embates judiciales, la expresidenta mantendrá su lugar en la política argentina.
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