Los principales líderes del PRO y la mayoría de la UCR volvieron a salir en conjunto a rechazar cualquier cambio en la legislación electoral que implique la suspensión o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneos y Obligatorias, las PASO, previstas para el año que viene. Lo hicieron en relación a un proyecto que se puso en discusión en Chubut, tras un acuerdo del gobierno peronista de Mariano Arcioni con la conducción provincial del radicalismo, que envía señales ambiguas.
La reacción, que pudo generar sorpresa en el ámbito político, encierra varios mensajes y muestra la especial atención que hay entre los principales dirigentes opositores sobre que el kirchnerismo pueda avanzar en una iniciativa similar pero en el ámbito nacional. ¿Pero qué genera tanta preocupación entre los opositores? ¿Es sólo por cuestiones institucionales?
Uno de los más enfáticos en rechazar la derogación fue Mauricio Macri: “En Chubut hay sectores que quieren modificar las reglas electorales a meses de votar y derogar las PASO. Les molesta la participación ciudadana, promueven atajos. No se puede ser cómplice de este retroceso, menos quienes desde JxC decidimos defender la democracia y participación”, publicó en Twitter,
Lo mismo hizo Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno expresó argumentos casi calcados en un tuit: “En Chubut quieren eliminar las PASO y poner a los candidatos a dedo. Los chubutenses tienen que poder decidir qué candidato los representa mejor y desde Juntos por el Cambio vamos a defender siempre ese derecho. Basta de querer llevarse puesta la democracia!”.
“Ahora, en Chubut, buscan cambiar las leyes electorales y derogar las PASO para mantener el poder. ¡No lo van a lograr! Estoy con la fuerza del cambio, junto a Nacho Torres y Ana Clara Romero. ¡Cuentan con mi apoyo en esta lucha!”, fue el mensaje de Patricia Bullrich. No fueron los únicos: María Eugenia Vidal, Martín Lousteau, Alfredo Cornejo, Carolina Losada, por la UCR, Omar De Marchi, Graciela Ocaña o Cristian Ritondo, fueron otros que se sumaron a la crítica a esa idea.
Las críticas fueron generalizadas pero llamaron la atención tres ausencias notables: la de los tres gobernadores radicales. Ni el jujeño Gerardo Morales -que anunció una reforma de la Constitución-, el correntino Gustavo Valdés, y el mendocino Rodolfo Suárez evitaron referirse al tema.
Morales no sólo es gobernador, sino que también es el presidente de la Unión Cívica Radical. Según pudo saber Infobae, le dijo a Nacho Torres que estaba en contra de lo que había hecho la conducción local de su partido, pero evitó expresarlo públicamente.
Lo cierto es que las PASO son para el PRO mucho más importante y decisivo para su futuro que para el resto de los partidos de la coalición opositora. De hecho, tampoco hubo manifestaciones sobre el tema Chubut de la Coalición Cívica, el otro “socio fundador” de JxC.
Una operación en stand by
El “caso Chubut” tiene condimentos que responden a la lógica provincial pero que se proyectan y evocan otras dinámicas locales y del ámbito nacional. Para entender por qué ocurrió esa reacción en cadena de los integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio es necesario explicar cómo se originó la discusión sobre las reglas de la votación en ese territorio de la Patagonia.
Semanas atrás, dirigentes cercanos al gobernador Mariano Arcioni dejaron trascender la posibilidad de impulsar una ley de lemas para las próximas elecciones, pero su sola mención generó manifestaciones de rechazo social y político que obligaron a sus impulsores a desactivarla. No se trata de un hecho aislado: antes avanzaron con cambios en Salta, San Juan y Catamarca.
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni.
Es clave ubicar a Arcioni en el contexto local y nacional. Es un peronista alineado con el massismo y que forjó una alianza con el PJ que conduce las intendencias. En una provincia rica en recursos naturales -petróleo, pesca, minería y turismo-, el gobernador encabeza una gestión signada por la falta de recursos presupuestarios, la parálisis del Estado y los paros continuos de médicos y maestros.
Aunque en un principio se especulaba con un adelantamiento de las elecciones a marzo, el oficialismo chubutense decidió apostar a que una recuperación económica nacional mejore su potencialidad electoral y le permita evitar una segura derrota.
Con un gobierno provincial complicado y derrotado en las últimas elecciones por la coalición de Juntos por el Cambio, un sector del radicalismo aceptó de manera sorpresiva un acuerdo político para impulsar dos leyes polémicas: la eliminación de las PASO y la reelección indefinida de los intendentes.
El responsable de ese acuerdo fue el intendente de Rawson y presidente de la UCR de Chubut, Damián Biss, que con su acercamiento aceleró la fractura del partido que estaba trabajando en sintonía con el PRO, que impulsa por Juntos al senador nacional Ignacio “Nacho” Torres como futuro candidato a gobernador. La postulación opositora se iba a dirimir en internas, pero la posibilidad de que se aprueben esas leyes provocaría un cisma que podría beneficiar al candidato del peronismo unificado.
Según pudo saber Infobae, el gobernador Arcioni se comprometió a que ambas iniciativas que iban a tratarse sobre tablas este martes -con apoyo de los radicales- se posterguen hasta que haya acuerdo.
¿Antecedente o simulacro?
El de Chubut puede ser un antecedente o un simulacro de lo que puede ocurrir en el Congreso Nacional con la normativa que regula el proceso electoral. La eliminación de las PASO, como en la Patagonia, requeriría de apenas una disidencia para que se desate un efecto dominó que prive a la oposición de una herramienta útil para reunir apoyo popular y dirimir liderazgos.
El poroteo en el Congreso Nacional -con el antecedente de Chubut- encendió alarmas. Con 118 diputados del Frente de Todos, sólo están a 11 de conseguir la mayoría. Con algún argumento efectivo y no muy sofisticado, el oficialismo podría encontrarlos entre los diputados de las provincias que no responden a JxC, la izquierda, los libertarios y tres o cuatro radicales.
En el Senado, podría haber menos dificultades para aprobar una ley que llegue con aval de la Cámara de Diputados: con 35 propios, sólo le faltaría dos. La riojana Clara Vega, la misionera Magdalena Solari Quintana o el rionegrino Alberto Weretilneck, suelen votar en sintonía con el gobierno en aquello que no compromete a sus distritos.
Aunque la portavoz Gabriela Cerruti dijo en la última conferencia de prensa del jueves “el Gobierno no quiere suspender las primarias”, las cuentas y los cálculos políticos del Frente de Todos nunca se discutieron en su escritorio. Un encumbrado dirigente de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio reconocía anoche: “Si lo quieren hacer, la verdad, somos vulnerables”.
Un futuro impensado
Con este escenario, en la coalición opositora empiezan a analizar escenarios. Admiten que si anulan las PASO serán ellos más perjudicados que el Gobierno, cuya candidatura principal puede ordenarse por el dedo de Cristina Kirchner o la ausencia de postulantes competitivos que puedan discutir su liderazgo.
A entre 8 y 10 meses de la definición de candidatos -cuando todavía falta tanto en un país cada vez más parecido a una nación del realismo mágico- sólo Sergio Massa puede mostrar vocación y estatura para disputar una postulación presidencial por el Frente de Todos o el nombre que asuma la coalición que suceda a la que ahora está gobernando. Si no es Cristina o quien ella designe -un Jorge Capitanich, Axel Kicillof o algún tapado- el orden lo podría resolver una negociación política de alto nivel.
Es distinto lo que ocurre en la oposición. Juntos por el Cambio requiere de la herramienta de las PASO tanto para sumar votos, desde los más moderados hasta los más fanáticos, como para dirimir quién será el que defina el rumbo, el tono y el ritmo de una administración que tendrá que luchar si llega al gobierno con un peronismo desordenado, casi endiablado.
Ni Horacio Rodríguez Larreta, ni Patricia Bullrich -por qué no Macri- están dispuestos a bajar su pretensiones por competir por la primera magistratura. El ex presidente dio señales concretas de su convicción y compromiso con las primarias y en su entorno no ven que tenga margen después de esas expresiones, de bajar esa bandera para ser el único candidato que presente Juntos por el Cambio.
En caso de que el oficialismo decida avanzar con la eliminación de las PASO, las alternativas que pensaban en la conducción de la oposición son impulsar unas internas abiertas al estilo de la Alianza en 1999, que compitió el radical Fernando De la Rúa contra Graciela Fernández Meijide por el Frepaso, o los “neolemas” que se dieron cuatro años después, en 2003, que permitieron la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, pese a que quedó segundo con poco más del 22% de los votos.
A la nacional, provincial y bonaerense
En el equipo de estrategia de campaña de Larreta, que lidera el secretario general y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño, Fernando Straface, reconocen que el consenso sobre no modificar las PASO es más sólido entre las distintas “tribus” que tiene el PRO. Ni Bullrich, ni Vidal y menos Macri están dispuestos a modificar la reglamentación electoral.
Aunque no hay voceros que lo digan públicamente, creen que las primarias serán una herramienta decisiva para que Larreta pueda validar su condición de líder del espacio de una manera objetiva, siendo la rival Patricia Bullrich o incluso -y sobre todo- el propio Macri. “Si llegan a llamar al diálogo político y tiran esto sobre la mesa, al Gobierno se le va decir respetuosamente que no”, afirmaban en el seno del PRO.
La discusión no se agota en la discusión de las candidaturas nacionales, sino que tiene una traducción fundamental en un distrito clave y vital para las chances de éxito no sólo electoral, sino también para una futura gestión: la provincia de Buenos Aires.
Allí la discusión está entre Diego Santilli y Cristian Ritondo, los precandidatos a gobernadores bonaerenses que mejor miden, pero a los que se suman Javier Iguacel, Joaquín De la Torre y Néstor Grindetti, entre otros. Las PASO no sólo ordenarían la Nación sino que también el liderazgo en la plataforma que define el poder político argentino: el Conurbano.
En el distrito más populoso del país, la legislación vigente obliga a las PASO y elegir las autoridades provinciales y municipales junto a las nacionales. Para modificarla se requiere de una mayoría especial que el Frente de Todos no tiene. “Tampoco la tenían con la reelección de los intendentes y lo aprobaron con apoyo del radicalismo bonaerense”, recordaba un memorioso dirigente.
La ambigüedad de la UCR ocurre mientras no tiene consolidado, por ahora, un precandidato sólido para la Presidencia ni para la gobernación bonaerense.
Consciente de ese contexto, Mauricio Macri le insistió a sus últimos interlocutores -tanto antes como después de su viaje a Ruanda, por la Fundación FIFA- que aún si el kirchnerismo lograse imponer en el Congreso de la Nación la suspensión por única vez de las elecciones previas a las generales, él impulsará una interna abierta y voluntaria.
De hecho, así tendrán que dirimir en Córdoba, donde Luis Juez (apoyado por su partido, un sector del PRO y de la UCR) y Rodrigo De Loredo (que tiene apoyo de Macri y un sector de la UCR) compiten cabeza a cabeza por la sucesión de Juan Schiaretti, el gobernador que tiene un proyecto nacional más allá del mal resultado que obtuvo en la última elección en Marcos Paz.
Las PASO tienen un valor simbólico, pero sobre todo, concreto: sin esa herramienta, difícilmente la oposición establezca un liderazgo nítido para enfrentar las profundas reformas que pretenden aplicar si le ganan al candidato del peronismo.
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