“De concretarse la desregulación de los aranceles, las personas con discapacidad quedarán en un estado de vulnerabilidad absoluta -indican los diputados en los fundamentos de la iniciativa-. En efecto, en el caso de que entre en vigencia este proyecto de decreto, será más difícil el acceso a la salud de las personas con discapacidad, por cuanto, muchos prestadores perderán interés en ofrecer sus servicios ante una insuficiente remuneración de su trabajo profesional. Esto es así, por cuanto al no haber aranceles prestablecidos y actualizados por la autoridad regulatoria, las Obras Sociales y las demás prestadoras de salud, pueden fijar arbitrariamente dichos aranceles en desmedro del justo reconocimiento por el servicio brindado”, plantean.
El proyecto de Valdés fue acompañado por Miguel Ángel Pichetto y por Ricardo López Murphy, de Hacemos Coalición Federal, y por una treintena de diputadas y diputados de Unión por la Patria. El mismo forma parte del temario de la reunión de la comisión de discapacidad de Diputados del día miércoles.
El borrador del polémico decreto circuló por las redes sociales y los medios de comunicación y generó alarma en el sector. El mismo ya está rubricado por el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.
El proyecto presentado señala además que “por mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en nuestro país en virtud de la Ley 26.378 y con jerarquía constitucional en virtud de la ley 27.044, es obligación del Estado promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”.
“La ley 24901 fue sancionada en 1997. Hoy el nomenclador vigente hace que todas las prestadoras tienen la obligación de cubrir las prestaciones en el mismo valor. Esto hace que todos puedan acceder a una prestación de calidad. Permite a las personas con discapacidad tener salud y educación para poder autovalerse, que es la clave para que puedan tener una vida mejor, quienes muchas veces no tienen familiares ni recursos económicos. Este decreto significaría un enorme paso atrás”, aseguró Valdés.
“De avanzar, estarían posibilitando que haya personas con discapacidad de primera clase, quienes tienen la capacidad económica de pagar una prepaga, y luego personas con discapacidad de segunda o de tercera clase, de acuerdo a la amplitud de la cobertura que tenga, si es que tiene”, señaló Valdés. Luego, agregó: “Una decisión así deja desprotegido a un universo de 15 millones de personas de nuestro país. Esto debe ser una causa de todo el arco político, más allá de las pertenencias partidarias, para que sea una cuestión de Estado”.
“Es muy importante la marcha de mañana en todo el país que han organizado los familiares. La angustia de los padres y madres es qué va a ser de sus hijos el día que ellos no estén. La obligación del Estado y de los gobiernos es resolver la vida de la gente y no complicársela cada día más como está haciendo hoy”, concluyó el autor de la iniciativa.
Además de Pichetto y de López Murphy, la iniciativa fue firmada por los diputados y diputadas Soria, Bertoldi, Monzón, Ali, Gollán, Herrera, Alianello, Pedrini, Pokoik, Toniolli, Pereyra, Gutierrez, Sand, Romero, Rauschemberger, Araujo Hernandez, Aguirre, Osuna, Paponet, Selva, Yedlin, Todero, Mirabella, Moran, Pedrali, Leiva, Zabala Chacur, Marziotta y Manrique, mientras siguen las firmas.
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