En un operativo de supuesto “desalojo” disfrazado de “inspección ocular” de Catastro y la Fiscalía del Estado apoyado por la Policía, Infantería y avalado por el delegado Comunal Jorge Cruz se presentaron ayer 1 de julio en horas de la mañana en el barrio Sisa Waman, propiedad de la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar, Tafí del Valle -Tucumán y no mostraron alguna orden judicial.
Este accionar devela la persecución denunciada por la Comunidad que está siendo hostigada desde hace un tiempo. Llama la atención que semejante despliegue en e l operativo se realizara en plena vigencia del DNU 411/2021 del Poder Ejecutivo que exige a las provincias hacer cumplir las medidas sanitarias para mitigar la pandemia COVID-19, mediante un semáforo epidemiológico.
En un comunicado, la Comunidad Indígena El Mollar (Personería Jurídica 024/06) repudia “el mal accionar por el Comisionado Comunal Jorge Cruz (que sería el responsable local), que violenta las leyes nacionales e internacionales y que se esconde detrás de efectivos policiales para amedrentar a las familias comuneras”. Al parecer, “vienen soportando los aprietes de Cruz y su padre que no es ni funcionario, hoy empleado de Vialidad, que amenaza y hostiga a las comuneras, cortando alambrados, retirando material de construcción, derribando casas, etc.”, en otras ocasiones mismo frente a la presencia policial que no actúa ante el avasallamiento de las fuerzas ni de los propios empleados de la Comuna utilizados para atacar a “sus hermanos”. También denuncian a otras personas que no son del Mollar, que “amenazaron con quemar las casas” y acusan diciendo que “son golpeados por las comuneras”. Hechos desmentidos y falaces que ocultan el maltrato hacia estas mujeres indígenas que resisten y que son “tratadas con palabras discriminatorias tales como gordas sucias, indias de mierda, india asquerosa, bolivianas y otros insultos”. Lo que derivó en una denuncia por violencia de género y discriminación.
La Curaca Margarita Mamani, de la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar y vicepresidenta del Consejo Consultivo y Participativo de Los Pueblos Indígenas de la República Argentina (CCPPIRA-Dec.672/16) ya presentó (4) cuatro Recursos de Amparo de distintos lugares, uno de ellos el 10 de junio pasado un amparo a la Simple Tenencia sobre tierras en El Lago, cerca de Costa Piedra ya que dichos “terrenos están dentro de la propiedad comunitaria la cual no son enajenables ni vendibles”. En el mismo denuncian por abuso de poder como funcionario público al Comisionado Comunal Jorge Cruz que “tiene la intención de adueñarse de tierras ancestrales”. Estas tierras que ocupa la Comunidad están comprendidas por la Ley 26.160/06, ley de orden público y según el art 2 está suspendido el desalojo o desocupación, ni la ejecución, ni actos procesales ni administrativos. Por citar otro, el 23 de junio se reiteró una Acción de Amparo donde se solicita que “se respeten los derechos y su autodeterminación, la legislación vigente y el art 75 Inc. 17 de Constitución Nacional”.
Mamani expuso ayer su declaración de los hechos en los Tribunales de Monteros ante la Defensora Abogada Raquel Ferreira. Además de confirmar con el Juez de Paz Vicente Ramón que “no existe ninguna orden judicial para el desalojo”. Sin embargo, según funcionarios del Gobierno de Tucumán que hay “una orden judicial porque se trata de terrenos fiscales”. Mamani remarca que “estamos esperando respuesta del Ministro Público de la Defensa de Tucumán Washington Navarro para hacer valer nuestros derechos ya que no son terrenos fiscales”. Y si hubiera tal decisión violaría el art 6 del Convenio 169 OIT que “se debe consultar a los pueblos ante cualquier medida legislativa o administrativa que los afecte directamente.
La Comunidad Indígena del Mollar sigue resistiendo otro atropello por parte de funcionarios del Estado y las fuerzas de seguridad en cada parte de su territorio, ya que “no vamos a permitir que sean enajenados nuestras tierras ancestrales ni nuestros derechos ya que somos sujetos de derecho”, enfatiza Mamani. Y resalta que “estos hechos instan al odio y la violencia porque lo que estamos padeciendo a causa del delegado comunal Jorge Cruz, que no es más que la cara visible de los responsables políticos del ministro Acevedo, la Fiscalía de Estado y el propio gobernador Juan Manzur, de querer avasallar derechos indígenas”
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